Ayer ganaron en el Senado los argumentos “leguleyos”, de esos de los que se queja tanto el presidente de la República. Argumentos que, acusa, son utilizados por el Poder Judicial para beneficiar en sus sentencias a grupos de interés.
El sexenio de la militarización consuma la subordinación de la Guardia Nacional a la Sedena o, mejor dicho, de la seguridad pública a manos de los militares. El candidato de 2018 que se diferenciaba de la oposición comprometiéndose a regresar a los soldados a sus cuarteles hoy convierte a la Guardia en un organigrama que responde a la Sedena.
Hace unos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválido el decreto que trasladaba el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, al considerar que la naturaleza constitucional de la corporación debía ser de carácter civil.
El tiempo que había delimitado la Suprema Corte para desligar a la Guardia Nacional de la Sedena se estaba agotando. A inicios de 2024, la Guardia debiera estar ya en manos del mando civil. Parecía que el Presidente iba acatar la resolución, pero estos meses de gracia que dio la Suprema Corte sólo le sirvieron al Ejecutivo y a los suyos para buscar la manera de que la Sedena continuara al mando de la Guardia Nacional. Esto bajo la falacia de “interpretar el alcance del artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional”.
¿De qué se trata la supuesta interpretación? Para nadie es ajeno que, desde la creación de la Guardia Nacional, al ser un capricho presidencial, no había manera de echarla a andar sin llenarla de militares, desde allí viene el problema. Esto provocó que actualmente exista un vacío de certeza jurídica para el personal militar que labora en la Guardia Nacional, pues la institución a la que pertenecen es de carácter civil, pero su patrón es el militar. Es obvio y legítimo que estos militares exijan la garantía de su derecho a la seguridad social.
Ayer el Senado, en vez de buscar una solución que garantizara la seguridad social de los militares sin ratificar el control militar sobre la Guardia Nacional, se saltó la resolución de la Corte y entregó el control administrativo a de la Guardia a la Sedena, bajo el argumento de que el patrón es la Sedena.
Y entonces la pregunta sobre quién manda en la Guardia Nacional se responde sola, el control operativo también se le entregó a los militares.
Lo peor es que esta jugarreta legal no fue obra solo de Morena y sus aliados, sino que la mal llamada oposición votó a favor. De 128 senadores, 109 votaron a favor, 5 en contra (los del Grupo Plural) y una abstención de la priista Nancy de la Sierra.
¿De qué sirve tanta polarización entre la 4T y sus opositores, si en los problemas más graves del país construyen juntos el desastre? No les queda el papel de defensores del Poder Judicial si terminan haciéndole el juego al Presidente y sus aliados para saltarse las decisiones del Máximo Tribunal Constitucional.
