“Dice el secretario de Gobernación que si quitamos a X de la lista no podemos quitar a Y”. La frase cayó con la serenidad de quien habla desde la certeza del control. No se discutían perfiles ni capacidades; se negociaban equivalencias. No era una sugerencia técnica, era una regla del juego. Un intercambio de rehenes burocráticos dicho en voz baja, como si así se normalizara. Me quedé helada, no solo por la instrucción, sino por escucharla de alguien a quien yo aún suponía independiente.
Hoy, cuando el perfil político de Adán Augusto López comienza a desmoronarse tras la caída de uno de sus operadores más comprometidos, vale la pena volver a ese momento. La detención de Hernán Bermúdez Requena no es un episodio aislado ni una anécdota tardía: es la hebra que empieza a deshacer la bufanda completa. Fue Adán Augusto quien, siendo gobernador de Tabasco, le entregó a Bermúdez el control absoluto de la seguridad pública y lo sostuvo en el cargo a pesar de los señalamientos persistentes que lo vinculaban con “La Barredora” y el Cártel Jalisco Nueva Generación. No fue desconocimiento ni descuido. Fue una decisión política.
Aquella relación no fue meramente institucional. Fue una simbiosis funcional que permitió que el crimen organizado se sentara, sin demasiados obstáculos, en la mesa donde se toman decisiones públicas. Si un gobernador fue capaz de proteger a un personaje así en su propio territorio, la pregunta inevitable es otra: ¿de qué no sería capaz para asegurar control sobre instituciones nacionales estratégicas?
Durante mi participación en el Comité Técnico de Evaluación para la elección de consejeras y consejeros del INE, la línea que se tiraba desde Bucareli era clara: aplastar la autonomía mediante la saturación. No era paranoia ni interpretación subjetiva. Bastaba revisar la lista de aspirantes para notar una concentración inusual de perfiles provenientes de Tabasco. Cuando algo camina como pato, suena como pato y se organiza como pato, rara vez se trata de una coincidencia zoológica. Era una operación de Estado, diseñada desde el mismo grupo político que hoy empieza a quedar bajo la lupa.
La pregunta que deberíamos hacernos no es solo si Adán Augusto caerá, sino cuántos de los suyos lograron entrar. ¿Quiénes son esos “X” y “Y” que negociaron en lo oscurito su acceso a diversas instituciones? ¿Cuántos cargos se repartieron bajo la lógica del “si quitas uno, debes dejar pasar otro”? ¿Y cuántas de esas decisiones siguen produciendo efectos hoy?
La operación fue quirúrgica. Mientras algunos intentábamos evaluar ensayos y trayectorias con criterios objetivos, había integrantes del Comité que operaban sin mayor disimulo para validar perfiles con sello oficial. Aspirantes que apenas cumplían los requisitos mínimos obtenían calificaciones impecables en rúbricas súbitamente elásticas. Operadores disfrazados de técnicos. Cinco de los siete integrantes del Comité tenían cercanía o empatía con el gobierno y respondían, en los hechos, a un mando que no se sentaba en la mesa, pero dictaba desde Bucareli. Todo esto debió tener el aval del entonces presidente López Obrador.
El riesgo real no es solo retrospectivo. Aunque Adán Augusto pierda reflectores, su red permanece activa. Y ahí se configura el verdadero conflicto político que se avecina. La presidenta Claudia Sheinbaum busca empujar una nueva etapa de reformas, pero podría encontrarse con un INE minado por lealtades heredadas. Consejeros y mandos medios que no responden a un nuevo proyecto de nación, sino a pactos previos, a viejas facturas, a compromisos adquiridos en otra administración.
Esas fichas colocadas estratégicamente pueden convertirse en resistencia silenciosa. En burocracias que dilatan, en decisiones que se empantanan, en procedimientos que se vuelven súbitamente escrupulosos cuando conviene. No se trata de sabotaje abierto, sino de algo más eficaz: la obstrucción técnica con coartada institucional.
Si el poder del exsecretario se desploma por sus vínculos inconfesables con personajes como Bermúdez, su red de incondicionales en el árbitro electoral y otras instituciones debería caer con él. No por venganza ni ajuste de cuentas, sino por sanidad pública. Porque esos perfiles no llegaron ahí por mérito ni por concurso real. Llegaron porque alguien, en una sala cerrada, dictó con total naturalidad que “si quitamos a X, no podemos quitar a Y”.
Y porque mientras esa lógica siga operando, la autonomía institucional seguirá siendo, en el mejor de los casos, una ficción bien redactada.
@MaiteAzuela