Una recién nacida en Tabasco ha quedado atrapada entre trámites, códigos y burocracia. Sus padres — que celebraron un contrato de gestación sustituta— acudieron al registro civil, con la esperanza de inscribirla como su hija. Pero la solicitud fue rechazada: el contrato no cumplía con los requisitos previstos por la ley estatal. No fue una pugna política ni una controversia constitucional. Fue una familia rota por omisiones del sistema.
La Suprema Corte resolvió que se debe emitir un acta de nacimiento con los apellidos del padre y una nota marginal. Luego, con el consentimiento informado de la mujer gestante y el acompañamiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, podrá consolidarse legalmente la adopción. Este fallo no cambia leyes: repara personas. Protege el derecho a la identidad, al cuidado y al proyecto de vida.
Sin embargo, casos como este podrían comenzar a resolverse con otros criterios, no jurídicos, sino políticos. Este domingo, con nombres impresos en acordeón y campañas vacías, se celebrará una elección judicial sin precedentes. Tras años de advertencias de especialistas y desdén por el equilibrio de poderes, se concretará una reforma que despoja de técnica, imparcialidad y mérito al proceso de selección de jueces y magistrados.
No es una anécdota menor. A partir del lunes 3 de junio, el Poder Judicial podría quedar en manos de personas afines al oficialismo, con escasa experiencia y sin la formación para comprender la dimensión humana de sus sentencias. El caso de esta recién nacida nos muestra lo que está en juego: el rostro más concreto de la justicia son los cuerpos y derechos que busca proteger.
¿Tendrán estas nuevas ministras y ministros la sensibilidad y capacidad para responder a estas urgencias? ¿Para ver en cada carpeta judicial a una persona y no un expediente? ¿Para defender derechos y no acomodar al poder por encima del derecho?
La ciudadanía debe asumir una nueva tarea: observar. La vigilancia ciudadana no es antagonismo, sino una herramienta democratica. Cuando los procesos judiciales son transparentes y monitoreados, disminuye la corrupción y se favorece la imparcialidad. Esa participación activa permitirá resistir abusos, exigir rendición de cuentas y preservar lo poco que queda del principio de legalidad.
¿Cuál es la forma de observar esos procesos judiciales? El más importante y más público de todos es el trabajo que llevarán a cabo las y los ministros de la Suprema Corte. Allí se establecerá el rumbo de los criterios que deban seguir jueces y magistrados y, cuando uno de estos últimos se salga de lo definido por el oficialismo, el asunto eventualmente atraído por la Corte dará el manotazo en la mesa. Por eso es importante la observación y la vigilancia a lo que se discuta y se resuelva en Pino Suárez 2 a partir de que asuman el cargo las personas “electas” el domingo. Es desde allí donde se definirá el nuevo rostro de la justicia.
Porque la justicia no se garantiza con reformas ni con urnas, sino con compromiso cotidiano. El sistema judicial está llamado a resolver las disputas más delicadas de la vida pública y privada: el derecho a la salud, a la libertad, a la identidad, a la reparación del daño. Si ese sistema se contamina de intereses partidistas, cada decisión puede volverse una sentencia política y operar con todo el sentido partidista y clientelar que esto supone.
Muchos no acudiremos a votar este domingo. Pero eso no significa entregar el poder judicial al silencio. Lo que ocurra después será lo más importante. Nos toca defender, la promesa de una justicia independiente. Y recordarlo con claridad: no todo se reduce a quién gana o pierde una elección. A veces, la justicia determina hasta la vida e integridad de una niña.
@MaiteAzuela