Empecemos por señalar un dato que se ha querido diluir: el Tren Interoceánico no es un proyecto huérfano. Su administración, operación y supervisión están a cargo de la Secretaría de Marina, a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. No se trata de una obra improvisada ni de un experimento local, sino de un proyecto estratégico del Estado mexicano, operado por una institución con mando, jerarquía y responsabilidades claras.
Durante años se nos dijo que López Beltrán fungía apenas como un “supervisor honorífico”. Sin embargo, audios y reportajes periodísticos documentaron una intervención que iba más allá de la cortesía institucional: presión a empresas, seguimiento de avances y exigencia de resultados. Si tenía influencia para apurar tiempos, tenía también la obligación de preguntar por la seguridad. Pero en este gobierno, la cercanía al poder exime y la responsabilidad siempre cae hacia abajo.
La narrativa oficial funciona porque es cómoda: el error fue humano, individual y aislado. El tren iba a 65 km/h donde debía ir a 50. Fin. Así, la Fiscalía levanta un muro que protege a la estructura de poder detrás de la obra y, en particular, a Gonzalo López Beltrán, “Bobby”, el hijo del presidente.
Aquí aparece un concepto jurídico que la Fiscalía ha obviado: la comisión por omisión. En derecho penal no solo responde quien ejecuta el acto, sino quien, teniendo el deber jurídico de impedir el daño, no lo hace. La llamada posición de garante. Si la Marina, como responsable operativa del proyecto, permitió que un tren circulara sin condiciones técnicas suficientes, o si se presionó para cumplir calendarios políticos sin infraestructura terminada, la responsabilidad no puede agotarse en el operador.
Reducir todo a un “exceso de velocidad” no solo es jurídicamente pobre, es técnicamente inverosímil. ¿Por qué un tren moderno no cuenta con sistemas automáticos de control que impidan rebasar límites en tramos de riesgo? ¿Por qué la vía no resistió? ¿Qué certificaciones avalaron su operación? Cuando un sistema falla de forma catastrófica, el problema rara vez está en una sola mano.
Al colocar al maquinista en el centro del relato, la Fiscalía hace un truco viejo: nos pide mirar el acelerador para no ver el diseño, los contratos, la supervisión militar y las decisiones políticas que empujaron la inauguración. Nos distrae con la velocidad del tren para no hablar de la velocidad con la que se firmaron dictámenes de seguridad.
Investigar la comisión por omisión implicaría llamar a declarar a mandos responsables del proyecto, a ingenieros de la Marina y, sí, al “supervisor honorífico”. Implicaría preguntarse si la prisa del maquinista no respondía a órdenes implícitas para cumplir itinerarios sobre rieles mal terminados. Pero eso no sucederá. Porque en este país, incluso la justicia tiene límites, y esos límites llevan apellido.
Cerrar el caso con la etiqueta de “exceso de velocidad” es renunciar a la verdad técnica y aceptar una mediocridad peligrosa. En la ingeniería ferroviaria contemporánea, un diferencial de 15 km/h no debería provocar una tragedia de esta magnitud si la infraestructura fuera sólida. La investigación tendría que explicar por qué fallaron el peralte, los durmientes, el balasto y los controles. Si la vía cedió, no fue culpa del acelerador, sino de quien avaló materiales y diseños.
No basta con saber a qué velocidad iba el tren. Hay que preguntar a qué velocidad se aprobaron los dictámenes para cumplir caprichos políticos. Y queda una pregunta inevitable: si algún hijo de cualquier otro expresidente —Peña, Salinas, Fox o Calderón— hubiera intervenido en la construcción de un tren descarrilado, ¿la señora Godoy lo habría exonerado con la misma ligereza?
En la política mexicana, la velocidad mata. Pero la prisa por encontrar culpables convenientes mata la verdad. Bastaron unas horas para que la Fiscalía General de la República ofreciera su conclusión sobre la tragedia del Tren Interoceánico: “exceso de velocidad”. Una explicación sencilla, casi tranquilizadora. Con ella se intenta cerrar el caso, esposar al maquinista y proteger, de paso, a quienes sí tenían el control del proyecto.
@MaiteAzuela