El dramático inicio de una huelga de hambre de tres mujeres sobrevivientes de tortura en Nuevo Laredo —Kassandra Treviño, Jennifer Campillo y Jessica Ortega— y el asesinato de civiles por parte del Ejército, es el recordatorio de que la vida y la dignidad de las personas sigue siendo atropellada por las fuerzas armadas.
El caso de la masacre de Valles de Anáhuac en 2019, perpetrada por agentes del CAIET, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, revela la peligrosa autonomía y la falta de contrapesos civiles efectivos sobre las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales militarizados.
Por un lado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informa de la muerte de cinco personas y tres heridas tras un incidente en la carretera Ciudad Mante-Tampico el 6 de octubre de 2025, cuando militares “hicieron uso de sus armas” al percibir una “amenaza a su integridad física” de una camioneta blanca que intentó embestir uno de sus vehículos.
Por el otro, en un eco de impunidad que se arrastra desde 2019, tres mujeres sobrevivientes de tortura por parte de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano inician una huelga de hambre el 6 de octubre de 2025 en Nuevo Laredo, exigiendo el cumplimiento de una Recomendación de la CNDH y acceso a la justicia. Esto durante el gobierno de AMLO, en el que tanto se repitió que ya no se violaban derechos humanos.
Ambos casos, separados por tiempo y actores directos (militares contra civiles en 2025, y policía estatal y ejército contra civiles en 2019), convergen en un punto alarmante: la violencia ejercida desde las instituciones de seguridad y la dificultad casi insuperable para obtener justicia y reparación.
El incidente de esta semana en la Mante-Tampico, en el que la Defensa Nacional informó que relevó de sus tareas y presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) al personal militar implicado, plantea de nuevo la interrogante fundamental sobre la política de seguridad nacional: ¿hasta qué punto es efectiva la política de “cero impunidad” que la propia Sedena reitera en su comunicado?
La huelga de hambre de Kassandra Treviño, Jennifer Campillo y Jessica Ortega puede dar respuestas. Ellas fueron torturadas en septiembre de 2019 en un operativo en el fraccionamiento Valles de Anáhuac donde otras ocho personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por agentes del (CAIET), la Policía Estatal y el Ejército Mexicano. En ese momento, la “versión oficial” del gobierno del estado, que hablaba de “haber abatido a ocho integrantes de una célula criminal durante un supuesto enfrentamiento”, fue desvirtuada por testimonios y grabaciones de video, lo que obligó a las autoridades a reconocer un “montaje”.
Cuatro años después de esta masacre y tortura, las sobrevivientes demandan el cumplimiento de una recomendación de la CNDH y una audiencia con el gobernador, Américo Villarreal, quien no ha respondido a solicitudes formales desde septiembre de 2025.
Esta falta de respuesta estatal ante víctimas cuya agresión se documentó como un “montaje” de las autoridades, es la otra cara de la moneda de la letalidad militar. La impunidad no es solo la ausencia de castigo, sino la indiferencia de las autoridades ante el sufrimiento de quienes han sido doblemente victimizados: por la violencia inicial y por la denegación de justicia.
La militarización de la seguridad pública, al extender las funciones de las Fuerzas Armadas sin un fortalecimiento paralelo de los contrapesos civiles y de las fiscalías, corre el riesgo de convertir este tipo de incidentes en una fatal normalidad. Si las mujeres que fueron víctimas de la Policía Estatal y el Ejército en 2019 aún tienen que recurrir a medidas extremas como la huelga de hambre para ser escuchadas en 2025, ¿qué garantías reales tienen las víctimas del incidente de la Mante-Tampico de que no se enfrentarán al mismo muro de silencio e impunidad?
La comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum, refirió ayer que, como ya no son los tiempos de Calderón, en su gobierno se reconocía que la Sedena había traspasado sus límites en el caso Mante-Tampico. Sin embargo, en un Estado de Derecho los gobiernos no pueden andar por la vida matando gente y después pidiendo disculpas y reconociendo los hechos. El deber de prevención es lo más importante para que no haya víctimas.
Ojalá que Sheinbaum, en su lucha contra lo que en el pasado inmediato se toleró, envíe un mensaje a las fuerzas armadas para que estos hechos no se sigan repitiendo. Porque si no, de nada sirve reconocerlo. La comandanta suprema tiene que poner un alto.
@MaiteAzuela