“Es falso, falso, falso, que seamos un gobierno autoritario, que estemos buscando el autoritarismo”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum esta semana, al intentar desmarcarse de las críticas que generó su propuesta de reforma al Instituto Nacional Electoral.
¿Falso? En realidad, la preocupación no nació de sus palabras, sino de lo que sus iniciativas proponen. No se trata de una frase suelta, sino de un paquete de reformas que, en conjunto, configuran un rostro autoritario que ya no se molesta en esconderse.
Lo más alarmante —y lo que debería encender las alertas de cualquier persona que valore la democracia— es la consolidación de la militarización del país. Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó reformas que profundizan el dominio militar sobre la seguridad pública y las instituciones civiles. El dictamen ya fue enviado al Senado, donde probablemente lo validen sin moverle una coma.
Un análisis elaborado por Intersecta y México Unido contra la Delincuencia sobre la legislación secundaria de la Guardia Nacional lo resume con claridad: lo que se intenta es convertirla, formal y estructuralmente, en una fuerza militar subordinada a la Sedena.
¿Pruebas? Van varias:
- Se elimina el carácter civil de la Guardia Nacional.
- Su reclutamiento, formación y estructura de rangos serán exactamente iguales a los del Ejército y la Fuerza Aérea.
- Se le asignan tareas de inteligencia, con acceso a información sensible mediante vínculos con el Consejo Nacional de Inteligencia.
- El control civil —ya debilitado— se esfuma por completo.
El poder militar no solo se extiende, se consolida. Incluso se prevé legalizar el espionaje militar —declarado inconstitucional por la Suprema Corte— como una función “preventiva” en manos de la Guardia Nacional, que podrá usar identidades falsas para investigar sin que medie orden judicial.
Y si algún integrante de esta fuerza armada viola tus derechos, no será juzgado por una instancia civil: será su institución militar la que decida su castigo. Una especie de justicia entre cuates… justicia en uniforme.
Pero no todo es seguridad pública. También avanza el control desde lo administrativo. La CURP biométrica obligatoria no solo busca mejorar trámites: pretende tener un registro detallado de cada paso que das ante el Estado. Qué haces, cuándo, por qué. ¿Para qué tanta precisión? Para controlar.
Mientras tanto, en el Congreso avanza una nueva Ley de Telecomunicaciones que otorga al Estado la facultad de censurar contenidos. ¿Libertad de expresión? Que no estorbe.
La ironía es brutal. Quienes se autodefinen como “izquierda democrática”, “progresista” y “pacifista” empujan, sin rubor, una agenda que restringe derechos, centraliza el poder y militariza la vida civil. Así comienzan las dictaduras. Algunas se visten de uniforme. Otras de civil. Todas prometen seguridad y terminan arrebatando libertad.
¿De verdad es falso, falso, falso que se esté instaurando un gobierno autoritario?
Ojalá solo fuera una exageración retórica.
