El temple del padre de Ana Amelí García Gámez no se quiebra, pero la pena lo atraviesa. A 13 días de la desaparición de su hija —ocurrida el 12 de julio en el Pico del Águila, en el Ajusco— responde con generosidad a cada pregunta. Recuerda con precisión la última vez que hablaron: aquel viernes, a las dos de la tarde. Cuando notaron que no había regresado, la familia se movilizó de inmediato: acudieron a LOCATEL y realizaron el reporte al 911. Desde entonces, su vida dio un vuelco que no es sencillo sortear.
“Las autoridades han realizado diversas acciones de búsqueda derivadas del análisis de la información de su posible paradero. Están trabajando en varias líneas de investigación”, me dice con entereza. Confía, pero ningún padre debería aprender los protocolos de búsqueda en México. Ninguno debería estar en esta posición. La desaparición de una hija es, en sí misma, una herida profunda y una afrenta a la capacidad del Estado para garantizar lo básico: el derecho a la vida y a la libertad.
Ana Amelí tiene 20 años. El día que desapareció fue al Ajusco a practicar senderismo, como tantas otras personas que visitan ese bosque montañoso al sur de la capital. Pero esta vez no volvió. Aunque lo parezca, el Ajusco no es un parque: es una zona extensa, densa y vulnerable, que carece de regulación, patrullajes permanentes y mapas públicos de riesgo. De acuerdo con datos obtenidos por colectivos de búsqueda, el Ajusco es, por mucho, el lugar con más jornadas de rastreo de personas desaparecidas en la Ciudad de México.
No es un dato menor ni un fenómeno aislado. Se trata de un patrón. En sus laderas ya han desaparecido otras mujeres jóvenes en los últimos años. Y sin embargo, el Estado continúa sin desplegar una estrategia articulada de seguridad y prevención. ¿Cuántos casos más son necesarios para que se actúe?
El colectivo Morras por Nuestras Calles me comparte un hallazgo grave: al revisar las carpetas de investigación de la Fiscalía capitalina para ubicar los delitos cometidos en parques y calles, constataron que no existe información específica sobre el Parque Nacional Cumbres del Ajusco. El lugar ni siquiera figura como categoría georreferenciada. ¿Cómo se puede prevenir lo que ni siquiera se nombra?
Entre 2021 y 2025, la violencia contra las mujeres ha mantenido una tendencia sostenida al alza, según el INEGI. Los espacios públicos —calles, senderos y zonas recreativas— se ubican entre los principales lugares de agresión, y la respuesta institucional no ha estado a la altura del problema. Aunque el gobierno capitalino insiste en atender “las causas”, el territorio sigue fracturado, con áreas enteras sin presencia del Estado ni protocolos visibles de actuación ante emergencias.
“Pedimos a la presidenta Claudia Sheinbaum su valioso apoyo para que ordene que también participen los órganos de búsqueda e información de la Secretaría de la Defensa, Marina y Guardia Nacional, para reforzar todo el invaluable trabajo que las demás instituciones y la población civil están haciendo”, dice el padre de Amelí, con la esperanza intacta de que los cuerpos de seguridad federal refuercen la búsqueda de su hija.
En esta ocasión, las autoridades de la Ciudad de México han mostrado disposición. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha expresado su respaldo públicamente. Pero para la familia de Ana Amelí —y para todas las mujeres que habitamos esta ciudad— los pronunciamientos institucionales son bienvenidos, ojalá se traduzcan en acciones verificables. Que esa confianza que se le ha generado a la familia, traiga a Amelí de vuelta.
@MaiteAzuela
