La Cuarta Transformación se enfrenta hoy no sólo a un señalamiento externo, sino a un espejo incómodo. El 8 de abril de 2025, la Presidenta de México reaccionó con desdén ante uno de los pronunciamientos más serios de la comunidad internacional: el Comité contra las Desapariciones Forzadas activó un procedimiento excepcional al considerar que existen indicios sólidos de desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas en el país.
La respuesta del gobierno fue una negativa tajante: “En México no hay desaparición forzada desde el Estado”, declaró la Presidenta. Según su visión, se trata de un fenómeno ligado únicamente al crimen organizado. ¿Qué pasa cuando el Estado deja de escuchar, cuando se aferra a una verdad oficial y cierra los ojos frente a la evidencia? ¿Qué clase de transformación es la que se niega a revisar su propia sombra?
Lejos de abrir un diálogo responsable, el Senado se sumó a la embestida. Se acusó al Comité de irresponsable y se amenazó con sanciones. No hubo espacio para la autocrítica ni para la escucha. Se confundió soberanía con inmunidad. ¿Acaso el compromiso con los derechos humanos termina donde comienza la investidura presidencial?
La gravedad no está solo en el rechazo, sino en la insistencia con la que se protege a las fuerzas armadas de todo escrutinio. Las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas por militares son desacreditadas o sepultadas. Se niega lo que es evidente en los testimonios, en las fosas, en las cifras. Se niega lo que gritan las madres buscadoras desde hace décadas.
El caso del Rancho El Izaguirre, con más de medio centenar de restos humanos, no es un hecho aislado ni una estrategia de desprestigio. Es el rastro de una estructura de macrocriminalidad en la que interactúan crimen organizado, funcionarios públicos y actores privados. ¿Hasta cuándo la narrativa oficial seguirá reduciendo esta realidad a “exageraciones” o “intereses ajenos”?
En lugar de romper con el pasado, la 4T lo hereda. Se ha envuelto en un discurso progresista mientras renueva los pactos de silencio. El Ejército no solo tiene más poder que nunca: también más protección. Y bajo ese blindaje se invisibiliza a las víctimas. Las mismas víctimas que, en campaña, se prometió dignificar. ¿Cuándo dejamos de escucharlas?
La verdadera izquierda no teme ser señalada. No censura a los organismos internacionales. No se aferra a ficciones para salvar el prestigio de un gobierno. Hoy, en nombre de la transformación, se pretende deslegitimar al único organismo internacional que se ha atrevido a decir en voz alta lo que tantas veces se ha dicho en las calles: en México se sigue desapareciendo a personas y el Estado es parte del problema.
La pregunta no es si México debe responder a la ONU. La pregunta es si México puede seguir llamándose democracia cuando prefiere silenciar a quienes denuncian en lugar de investigar a quienes desaparecen. ¿Puede haber justicia cuando se niega la existencia misma del crimen?
Las palabras pronunciadas desde el poder no borran las cifras ni los restos humanos. No eximen al Estado de su responsabilidad histórica. No devuelven a los ausentes. Solo confirman una dolorosa verdad: la Cuarta Transformación ha dejado de ser promesa de justicia. Se ha vuelto una continuidad cuidadosamente maquillada.
Y mientras se niegue lo evidente, mientras se hable de “soberanía” para justificar la ceguera, mientras se prefiera proteger al Ejército que honrar a los desaparecidos, México seguirá administrando su tragedia como si fuera una molestia diplomática.
La verdadera transformación empieza cuando el Estado deja de esconder a sus víctimas y se atreve, por fin, a buscarlas.
@MaiteAzuela