En México, el número de mujeres violentadas sexualmente no es solo una cifra, es un grito ahogado entre expedientes cerrados y denuncias que nunca llegan a ser registradas. Según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se reportaron más de 26 mil denuncias por violación. Pero estas son solo las que lograron cruzar el umbral del miedo, la revictimización y la impunidad. Organizaciones civiles, refugios y colectivas feministas insisten en que la cifra real es mucho mayor, que la mayoría de las agresiones sexuales no se denuncian y que la estadística gubernamental es apenas la punta de un iceberg de violencia estructural.
Las mujeres que logran denunciar enfrentan un camino tortuoso. Desde ministerios públicos que les cuestionan si realmente se resistieron, hasta jueces que siguen dando mayor peso a la trayectoria de los agresores que a la dignidad de las víctimas. La cifra negra no es un problema menor: es el reflejo de un Estado que, en su inacción, se vuelve cómplice.
En este contexto, resulta inevitable preguntarse: ¿qué dice el Estado cuando uno de cada tres agresores sexuales es alguien cercano a la víctima? ¿Qué dice el poder cuando algunos de sus propios representantes han sido acusados de abuso y violencia contra las mujeres?
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su compromiso con la erradicación de la violencia de género. Tan es así, que creó la Secretaría de las Mujeres. Pero tanto ella como su partido, Morena, han dado cobijo a hombres como Salgado Macedonio, acusado de violación, y como Cuauhtémoc Blanco, investigado por tentativa de violación en contra de su media hermana. ¿Cómo se concilia el discurso feminista con la protección de quienes han sido señalados por violentar mujeres? ¿Como pretender que se erradique la violencia contra la mujer, cuando diputados y senadores acusados de violencia sexual son tolerados por la Presidenta? La falta de acción frente a las denuncias de estos funcionarios da el mensaje de que en el país no es una prioridad que las autoridades de los tres órdenes de gobierno prevengan, investiguen y sancionen la violencia sexual.
No se trata de castigar en el Coliseo a cualquiera que sea señalado de cometer algún delito, se trata más bien de que cuando una mujer denuncia que fue violentada sexualmente, las autoridades investiguen los hechos denunciados hasta sus últimas consecuencias.
Esto es algo que no ha hecho el gobierno federal. Por el contrario, peor aún, en días recientes la presidenta le dio luz verde a Salgado Macedonio para lanzarse como gobernador de Guerrero, sin importar las denuncias que pesan sobre su persona, como si los hechos ya hubiesen sido aclarados.
En el caso de Cuauhtémoc Blanco, hubo una operación política en el Congreso para no iniciar el proceso de desafuero en su contra.
Si las mujeres violentadas sexualmente pocas veces pueden acceder a la justicia, cuando personajes políticos y de peso están involucrados, sus posibilidades se vuelven prácticamente nulas.
La obra Prima Facie, interpretada en México por Regina Blandón, expone con brutal honestidad la forma en la que la justicia rara vez está del lado de las mujeres. No solo se trata de la falta de pruebas, sino de la falta de credibilidad. El peso de demostrar que lo que una vivió no es solo una sensación, sino un hecho, recae desproporcionadamente en las víctimas. "Una de cada tres mujeres será violentada sexualmente en su vida", se repite como una estadística fría. Pero no es una cifra. Es tu amiga, tu hermana, tu hija, tu madre. Es el eco de una historia que se sigue contando en susurros porque el mundo sigue sin querer escuchar.
El silencio también es cómplice. ¿Quién se atreverá a romperlo?
@MaiteAzuela