Donald Trump y su gabinete económico parecieran estar ganando la apuesta comercial. Los países han optado por no confrontarlo y aceptar sus demandas. La economía ha seguido creciendo y los precios no subido, contrario a lo predicho por casi todos los analistas. Cabe preguntarse dónde está el costo del incremento más importante de los últimos cien años a las tarifas de importación, si lo hay, o no lo asumen ni Estados Unidos, ni sus consumidores, ni su presidente.
Parecieran, pero no es así. El incremento arancelario tendrá severos costos para la economía mundial, en especial en Estados Unidos, sobre todo si el resto ignora el canto de las sirenas proteccionistas. Toca al sistema político y jurídico interno detener la marcha hacia USA Lada Inc.
El impacto del comercio exterior en las economías es mucho más estructural que coyuntural, modifica las condiciones de competitividad y eficiencia más que las fluctuaciones macroeconómicas. Es como la humedad que corroe todo y cambia los incentivos de los agentes, no un tsunami de efectos inmediatos.
El proteccionismo lleva siempre al rezago tecnológico, a menor variedad y calidad y mayores precios. Los de bienes comerciables (importaciones y exportaciones) subirán y su mayor costo sufragado por hogares, empresas y gobierno del país que se cierra. Puede tomar tiempo, pero es inexorable. En el caso de Estados Unidos el efecto es más lento por su tamaño, su capacidad de influir en precios mundiales y poder de negociación.
El costo más importante se dará en el ámbito de la eficiencia y el desarrollo tecnológico. Antes se verá reflejado en mayores precios (no necesariamente mayor inflación). El índice de precios al productor ya muestra niveles más altos al mes de julio para bienes de capital con incrementos anuales de 14 y 17 para los adquiridos por el sector privado y el público respectivamente, y para bienes de exportación, 8.3.
El índice de precios al consumidor aparentemente no ha captado niveles mayores de precios cuando se mira el promedio, pero un análisis más detallado devela un panorama distinto.
Por ejemplo, el precio de automóviles nuevos ha subido solamente 0.4% para julio 2024-25, a pesar del incremento masivo en el arancel promedio de 2.5% a 15 o 25 para los proveedores extranjeros que representan hasta la mitad de la oferta de automóviles del año. ¿Por qué? La explicación más sensata consiste en reconocer que los directores generales de las pocas compañías productoras tienen pavor a Trump. Esta actitud, no obstante, es insostenible ya que la caída en el volumen de importación de automóviles nuevos (10.7% para los primeros seis meses de 2025) implica el inicio de una mayor escasez. Si los nuevos no han subido por temor, en el ámbito de los coches de segunda mano, en el que las decisiones son descentralizadas y sin coordinación, el comportamiento ha sido distinto: la inflación anual al mes de julio ya había alcanzado 4.8%, cuando en enero era sólo de 1% anual.
El rubro “mantenimiento y reparación de vehículos” tuvo un incremento todavía mayor, de 6.5%, en buena parte por el alza en las autopartes involucradas en los servicios de talleres, también descentralizados.
El mayor costo, de carácter estructural y difícil de revertir, se refiere al impacto de la mala asignación de recursos por el incremento arancelario. El efecto nocivo tiende, además, a multiplicarse y a corromper la política económica al arrogarse el Ejecutivo significativa discreción en la imposición tarifaria para lo que, legalmente, no tiene derecho. Trump ha abusado de la International Economic Emergency Powers Act (IEEPA) y de la sección 232 de la Trade Expansion Act. Con respecto a la primera, al utilizarla como derecho para imposición de aranceles cuando es facultad exclusiva del Congreso, a la segunda, al descansar en investigaciones de seguridad nacional de dudosa calidad y expandir la cobertura de productos y países caprichosamente.
El caso más claro se refiere a los aranceles para las importaciones de acero y aluminio. La investigación 232, que data de hace ocho años, señaló que ambos eran importantes para la producción de armamento, pero incluso el Departamento de Defensa argumentó que la importación proveniente de Canadá, México, la Unión Europea, Japón, Brasil y otros similares no implicaba un riesgo de seguridad al no ser, estos países, enemigos de Estados Unidos. Desestimando la argumentación, la Casa Blanca impuso aranceles con resultados, hoy se sabe con contundencia, negativos para la industria de Estados Unidos. Erróneamente, el presidente Biden no los eliminó por completo, por la importancia electoral de Pensilvania que su partido perdió de cualquier forma. Ya en este segundo cuatrienio, y apelando a la misma investigación defectuosa, Trump reimpuso aranceles generalizados de 25% y 10% a acero, aluminio y productos derivados, para unas semanas más tarde elevarlos a 50.
Estos aranceles a insumos precursores tienen dos efectos nocivos: uno, encarecen la manufactura en Estados Unidos e incentivan la importación de productos terminados intensivos en acero y aluminio ya que el costo de éstos baja en el resto del mundo, en especial en Canadá y México, pero sube en Estados Unidos. El segundo efecto es consecuencia del primero: se crea un argumento para ampliar la lista de productos considerados derivados de acero y aluminio para tratar de revertir el incentivo a importarlos de economías con acero y aluminio más competitivos. Por ello se acaba de anunciar la extensión a 407 fracciones arancelarias adicionales que incluyen línea blanca, bienes de capital de varios tipos, dispositivos médicos y muchos otros.
Producir todo esto en Estados Unidos es imposible, importarlos con aranceles tan altos implica un costo prohibitivo para consumidores, comercializadores y productores. El resultado será menor oferta y poca inversión en capacidad instalada e innovación ante la incertidumbre de la duración y nivel arancelario, el excesivo costo de acero y aluminio y la ausencia de aceros especializados en Estados Unidos. Se tendrán menos lavadoras, de menor calidad y duración, rezagadas tecnológicamente.
En adición, los aranceles a derivados de acero y aluminio complican la integración regional al no reconocer a los canadienses y mexicanos como originarios. Esto a pesar de que el carbón, el gas natural, el mineral de hierro y el aluminio para reciclar son mayoritariamente de Estados Unidos. Al quedar sujetos a la sección 232 se desincentiva la integración regional y se reduce de manera importante la competitividad. El acero y aluminio canadienses y mexicanos contribuirían a una mayor disponibilidad regional, además de que harían más probable la localización de compañías asiáticas y europeas para la producción de especializados de alta calidad.
El efecto de los aranceles a automóviles es igualmente dañino: una vez aplicado el descuento de 40% por el contenido estadounidense, las exportaciones canadienses y mexicanas de vehículos de transporte pagarían alrededor de 15% de arancel para ingresar a Estados Unidos y no cero como en T-MEC.
Es un impuesto prohibitivo que terminará devastando a la industria regional si permanece mucho tiempo. Estados Unidos argumenta que este 15% es similar al acordado con Europa, Japón y Corea por lo que Canadá y México no están en desventaja. El argumento es falso por el nivel de integración para la producción en América del Norte, porque las exportaciones de Estados Unidos a Canadá y México pagan cero y por el alto contenido estadounidense de la fabricación de coches en la región. De hecho, para quedar “iguales” que Europa y Asia, el arancel debería ser de 9% al considerar 40% de contenido promedio estadounidense.
Pero si el arancel se fijara en 9%, disminuiría el incentivo para el cumplimiento con la estricta regla de origen y se desincentivaría la integración vertical en América del Norte. Sin ella, la industria del automóvil en la región, y en Estados Unidos, sería más pequeña, más ineficiente, de menor calidad, de mayor precio, sin inversión para innovación. La integración regional competitiva es clave para que la industria de vehículos de transporte de Estados Unidos compita con Asia y Europa y reduzca la brecha que ahora la separa de China que lleva una clara delantera.
Los consumidores de Estados Unidos, ante mayores precios y menor disponibilidad, y sus propias industrias de automóviles, autopartes, línea blanca y otras, tienen la fuerza política suficiente para detener el abuso arancelario que su presidente utiliza como arma de negociación y posicionamiento. Ellos pagarán los costos de las distorsiones generadas. Por su lado, Canadá y México deben argumentar a favor de la integración regional y el cumplimiento de las reglas de origen, profundizar sus relaciones comerciales con Asia, Europa y el Reino Unido y actuar como partes interesadas en los litigios en Estados Unidos para detener las violaciones a la IEEPA y la sección 232, amén del T-MEC, en comunicación con el sector privado de Estados Unidos.
Para hogares, trabajadores y empresas sería impensable que su economía se convierta en USA Lada Inc. Es tiempo que actúen y se opongan a la locura arancelaria.
X: @eledece
