Este gobierno se había enfocado casi de manera exclusiva a la implementación de las prioridades presidenciales: programas sociales de bienestar, proyectos de infraestructura emblemáticos y el fortalecimiento de las empresas energéticas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El resto de la labor del gobierno importaba poco y el presidente le dedicaba escasa o nula atención. La mejor manera de conseguir su favor consistía en presentar ideas para avanzar sus prioridades, la mejor para lograr su animadversión, obstaculizar directa o indirectamente su implementación.
El esquema aparentemente funcionó durante cinco años: López Obrador en sus prioridades mientras que la inversión fluía y el resto de la economía se expandía, inmune a la atención de Palacio Nacional. El clímax llega en 2023, una vez recuperada la economía del Covid-19, cuando la inversión alcanza 25% del producto interno bruto (PIB), cifra no vista en mucho tiempo y a pesar de que la inversión pública fue baja (en la vecindad de 2.8%; los proyectos emblemáticos del gobierno son macroeconómicamente pequeños), pero la privada muy alta (estimulada por las perspectivas del mercado interno, el “nearshoring” y el notable incremento en la capacidad de las empresas de generar valor agregado, que se traduce en una nómina real más alta, en mayores utilidades, mayor recaudación de impuesto sobre la renta a personas morales y mayor inversión).
La prioridad de los 30 proyectos llevó al presidente a recurrir a toda suerte de tácticas para lidiar con el elefante reumático de la burocracia (que puede ser excesiva) y de las reglas (molestas, pero necesarias para el respeto de derechos y la protección del medio ambiente). El instrumento más socorrido consistió en la delegación de tareas a las fuerzas armadas y en el abuso de las excepciones de seguridad nacional para que la ejecución de los proyectos no quedara sujeta a las disciplinas que aplican a todos los demás.
Al acercarse el fin del sexenio y sin funcionarios a favor del cumplimiento de la ley y los procedimientos, el presidente cayó en cuenta que la previa mutua ignorancia, cada quien enfocado en lo suyo, no sería suficiente para la terminación y permanencia de sus proyectos. El redoblado ataque a las instituciones que se plasma en las 20 iniciativas de reformas (18 constitucionales y dos de leyes federales) y en la reciente propuesta de reforma de la ley de Amparo que dejaría indefensos a todos los ciudadanos, reflejan el hecho de que la ley sea la ley dé al traste a las prioridades presidenciales implementadas de manera poco estudiada, o saltándose pasos indispensables o en clara contradicción con la Constitución.
Es decir, me canso ganso para lograr una implementación expedita de los proyectos resulta al final incompatible con el entramado institucional que permite el florecimiento de la economía no prioritaria, pero fuente de crecimiento e inversión. Queda claro que la supervivencia de los proyectos prioritarios, como están diseñados e implementados, necesita que se cambien reglas, derechos e instituciones de aplicación general con implicaciones en el resto de la economía hasta ahora más o menos inmune al vendaval de la 4T. La alternativa hubiese sido planear y ejecutar los proyectos con pleno respeto a las leyes y procedimientos, e incluso desregular los obstáculos más excesivos, pero eso ya no da tiempo.
Las gotas que derramaron el vaso son por lo menos tres: la primera, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de que la Guardia Nacional dependa de Sedena ya que las fuerzas armadas sólo tienen las facultades señaladas en la Constitución. Esto permite prever que tampoco se le reconocerán para decenas de actividades asignadas este sexenio. La segunda, la sentencia preparada por el ministro Pérez Dayán en la segunda sala de la SCJN que ampara no sólo a las quejosas sino a todos los operadores que participen en el mercado eléctrico. La tercera, el presunto proyecto de sentencia sobre el conjunto de leyes aprobadas al vapor la noche del viernes negro y que revertería iniciativas del Ejecutivo, incluidas las que permiten a las fuerzas armadas participar en varios ámbitos.
Fue quizá la perspectiva de estas sentencias, y otras futuras, la que terminó por radicalizar la postura del grupo cercano al presidente y lo llevó a proponer las reformas del cinco de febrero que trastocan la estructura fundamental del gobierno, concentran el poder en el presidente en turno, permiten la recaptura del sistema electoral a favor del partido mayoritario, merman de manera significativa la división de poderes y eliminan contrapesos que compliquen el diseño, implementación y operación de los programas prioritarios, de este presidente o de otros futuros.
La concentración del poder en el Ejecutivo, su capacidad para controlar y manipular al poder legislativo y al judicial y la desciudadanización de los órganos electorales, representan un gran paso hacia atrás en la historia de México. Para un presidente electo para la erradicación de la corrupción y del capitalismo de compinches, con una agenda de centro-izquierda, y que ganó el voto mayoritario por el rechazo de amplios segmentos de la población a gobiernos del pasado, proponer enmiendas para regresar al país al sistema político-económico de los años sesenta implicaría una paradoja y que Morena se convierta en el cuarto nombre del partido hegemónico: PNR, PMR, PRI, 4T. Con la diferencia que en las tres primeras versiones los poderes eran metaconstitucionales y ahora, con las reformas propuestas, serían constitucionales.
Las propuestas del día de la Constitución reflejan en el fondo lo que más disgusta al presidente del periodo que llama neoliberal. No tanto la apertura comercial, ni la estabilidad macroeconómica con finanzas públicas sanas o un Banco de México independiente, sino los contrapesos y el reverso de la medalla de la apertura a la competencia económica con reglas de aplicación general, la democracia y la igualdad ante la ley.
La molestia, en el fondo, reside en que su gobierno y empresas se tengan que sujetar a las leyes, reglas y trato que se da a todos, al pilar del estado de Derecho. También en que exista la posibilidad de perder en las urnas. El problema que enfrentará la próxima presidenta, de ser aprobadas, es que la extensión del modus operandi me canso ganso al resto de la economía, provocará un daño estructural y detendrá el avance de la inversión y de las finanzas públicas que tanto han beneficiado a este gobierno gracias a las políticas de los anteriores denostados. Sin instituciones de primera, la economía regresará a la postración de antes cuando el Estado lo dominaba todo, pero ahora con feroz competencia externa y sin poder cosechar los beneficios históricos hoy al alcance de la mano.
@eledece
