Van casi cuatro meses desde el asesinato de Carlos Manzo, el Día de Muertos del año pasado, en el Uruapan que gobernaba, allá en Michoacán.
Desde entonces, hemos sido testigos de una historia de aberraciones y negligencias brutales: empezando con las traiciones en el primer círculo de Carlos, con los escoltas a los que confiaba su vida comunicando y coordinando en tiempo real a los sicarios y jefes de plaza sobre sus actividades y ubicación; siguiendo por la operación del “Licenciado”, que planeó el atentado para ofrecerlo en bandeja al CJNG; sin olvidar al Judas de su director de Relaciones Públicas, Samuel G., que filtraba su agenda a cambio de drogas para satisfacer su adicción.
Carlos era un tipo de extrema franqueza. Quienes lo conocieron cuentan la apertura que tenía para discutir cualquier tema, sin dudar ni un instante en manifestar su opinión directa. No se andaba con máscaras y lo mismo incomodaba a tirios que a troyanos, a radicales que a moderados, a oficialistas que a opositores. Una franqueza que todo le costó.
En vida, Manzo responsabilizó a tres de sus enemigos políticos, que le habían cantado, de frente o a sus espaldas, amenazas de muerte: el exgobernador —hoy diputado federal de Morena— Leonel Godoy Rangel; el senador de Morena Raúl Morón Orozco; y el exalcalde morenista de Uruapan, derrotado por Manzo, Ignacio Campos Equihua.
Más allá de los 18 implicados en el asesinato, hasta hoy detenidos, el Movimiento del Sombrero, encabezado por la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, exige una investigación sobre la línea política; máxime en un país donde se mezcla la actividad pública con el crimen organizado. Hace unos días presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Estatal que encabeza Carlos Torres, confiando en la capacidad del fiscal, más allá de espectros partidistas.
Por desgracia, en el caso de Manzo no parece que exista una división clara entre rivalidad político-electoral y crimen organizado. Carlos tenía un crecimiento importante y se percibía como un riesgo inminente que podía poner en jaque negocios del crimen organizado asociados con políticos. En México, lo sabemos bien, en muchos lugares de México, los narcos también son políticos.
Las primeras líneas de investigación, de acuerdo con fuentes de inteligencia, apuntan a nexos de los señalados, Morón, Godoy y Campos, con los hermanos Álvarez Ayala, una célula afín al CJNG con presencia importante en Uruapan, Pátzcuaro y Erongarícuaro.
En unos días más, Luisa María Alcalde estará encabezando la mesa estratégica de Morena en Michoacán para la definición de candidaturas con miras al próximo año. Sería una aberración, que atentaría directamente contra el espíritu de la reforma electoral, que se permitiera a tres sospechosos de un asesinato que conmocionó al país participar antes de que haya sido probada fehacientemente su inocencia.
Curioso sería que, bajo el argumento de la presunción de inocencia, el oficialismo regalase candidaturas que mantengan duda razonable de criminalidad, cuando al mismo tiempo permanecen, bajo la figura de prisión preventiva o justificada, decenas de miles de no sentenciados: en muchos casos inocentes, culpados por delitos mucho menores.
¿O será que lo que buscan es extenderles el fuero?
DE COLOFÓN.- En Concordia, Sinaloa, podríamos estar a punto de presenciar el cementerio clandestino más grande en la historia reciente del país.