Nunca como ahora ha sido tan adecuado el nombre propuesto para el nuevo órgano que garantizará el acceso a la información y la protección de datos personales a nivel federal. La Transparencia para el pueblo no es un modelo que aproveche la experiencia acumulada, busque aumentar la rendición de cuentas y fortalecer la vigilancia social sobre las acciones de gobierno sino más bien, es una propuesta que inevitablemente filtrará aquello que el pueblo debe saber y no.
En el dictamen de leyes secundarias presentado esta semana al Senado, se puede leer que se mantienen casi todas las obligaciones de transparencia, permanece la Plataforma Nacional de Transparencia y se agregan obligaciones específicas sobre temáticas vinculadas a instituciones de la administración pública federal. Se mantiene la prohibición de reservar información en caso de violaciones graves a derechos humanos y casos de corrupción, pero se agrega como causal de reserva la información que comprometa la “paz social” cualquier cosa que esto signifique. Aunque se establece la obligatoriedad de actualizar la información de la PNT cada tres meses, la ruta para que esta ley se cumpla en sus términos es discutible.
De una sola institución con autonomía constitucional, con independencia política de los partidos políticos y con capacidades presupuestarias, técnicas y de coordinación con las instancias que producen información en todo el país, se pasa a un modelo austero y de control. Así la garantía del derecho a saber estará a nivel federal, en manos, de 18 contralorías, una por cada poder público y órganos constitucionales autónomos, encabezadas por titulares designados por el Congreso o por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Lo mismo se propone para las entidades federativas, que las contralorías estatales de cada poder público, que ya cuentan con una serie de atribuciones, asuman las funciones tanto de transparencia como de protección de datos personales.
Con esto, no existirá un colegiado para debatir públicamente casos de derechos en pugna como funcionó en México y como lo marca la Ley Modelo de la OEA.
Para resolver los recursos de inconformidad, estará la Transparencia para el pueblo, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno que resolverá las quejas relativas a la administración pública federal. Habrá un Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública que no incluye al INEGI y que agrega a las contralorías, al INE y a la nueva Agencia de Transformación Digital. Hace varios años, en una capacitación con altos mandos de la policía me explicó un comandante que para ellos, la información podía ser pública, reservada, confidencial pero también inexistente. Su visión parece premonitoria.
Investigadora de la UdeG