Por muchos pañuelos blancos, declaraciones oficialistas y discursos que clamen que la corrupción se extinguió en México, la evidencia muestra lo contrario. Todas las semanas se documentan casos de conflictos de intereses, redes de corrupción que no terminan de ser desmanteladas y cómo una élite política es también una nueva élite económica. No hay un solo índice o medición seria que documente que el primer piso de la cuarta transformación haya mejorado el combate a la corrupción. La última edición del conocido Índice de Percepción de la Corrupción realizado por Transparencia Internacional ubica al país en sus peores niveles de los últimos quince años: México está en el sótano de la región latinoamericana apenas por encima de países como Honduras, Haití o Nicaragua. El debilitamiento y eliminación de instituciones encargadas de contener excesos han dado rienda suelta a los nuevos y viejos depredadores de lo público. Aún así, los recursos no son infinitos, ni hay presupuesto que aguante. Por eso es relevante las propuestas hechas por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, para mejorar la fiscalización. La fiscalización es de las pocas herramientas que quedan para revisar si el dinero público se utiliza de manera adecuada y si los presupuestos y programas cumplen o no con sus propósitos. Sin embargo, desde la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, la fiscalización ha sido opaca y limitada.
Ramírez Cuéllar propone presentar y aprobar el plan anual de auditoría el último día hábil de diciembre de cada año y no el año en el que se empieza a auditar. Esta medida es positiva. Aunque la ley actual permite que el plan anual se apruebe los primeros días de enero, en la práctica, se realiza hasta febrero del año a auditar. Sería de gran utilidad si además de este cambio, se agregara la obligación de rendir cuentas sobre las modificaciones que se hacen al plan anual de auditorías, una vez que este ha sido aprobado. Esta práctica es permitida por un vacío en la legislación y otorga total discrecionalidad al titular de la ASF para hacer modificaciones sin dar explicaciones de ello, tal y como sucedió con la eliminación de las auditorías relativas a la adquisición de medicamentos de los niños con cáncer.
La iniciativa presentada fortalece los mecanismos de rendición de cuentas, al habilitar un Consejo de Dirección como órgano de consulta y análisis de estrategias, integrado por auditores especiales. Fortalece la participación ciudadana tanto para la postulación de candidatos idóneos para encabezar la Auditoría Superior como para el seguimiento de propuestas y denuncias ciudadanas. En este sentido, se obliga a la ASF a presentar un informe sobre las acciones emprendidas por la institución. Se propone eliminar tanto la reelección del Auditor como del encargado de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, entidad a cargo de vigilar la labor de fiscalización. Desde la creación de la ASF ningún auditor ha sido reelecto. El periodo de ocho años garantiza que la duración vaya más allá del sexenio presidencial y evita incentivos perversos para que estos busquen la reelección. La propuesta establece una medida antinepotismo con la prohibición expresa de vínculos familiares del titular de la ASF con personas al frente de una Secretaría, de la Fiscalía General de la República, del Poder Judicial o del poder ejecutivo de alguna entidad federativa ni con quienes ejerzan cargos de representación popular. También propone que la Auditoría entregue al Congreso un informe detallado sobre las resoluciones de los órganos internos de control, información que a la fecha se conoce poco y que sería de gran utilidad para prevenir casos de corrupción. Finalmente, se propone modificar el calendario de la fiscalización. Ojalá y los ajustes no pierdan de vista que los informes parciales de junio y octubre permiten contar con información que debiera impactar en la aprobación del presupuesto. En tiempos de vacas flacas, “ahorrar no es solo guardar, sino también saber gastar”.
Investigadora de México Evalúa
