Durante la primera quincena de diciembre, la Presidenta anunció que a mediados de enero formalizará su propuesta de reforma electoral para que sea discutida en el siguiente periodo de sesiones. Fue en agosto de este año que se creó por decreto la comisión presidencial para la reforma electoral encabezada por Pablo Gómez e integrada por seis miembros del primer círculo presidencial. Ellos tuvieron bajo su cargo la coordinación de los más de 65 foros de consulta, además de diversas intervenciones y participaciones recuperadas en un micrositio habilitado para este propósito. Por tercera vez, se tratan de modificar las reglas de acceso y distribución del poder que permitieron, con sus virtudes y deficiencias, acuerdos políticos, alternancias y expresiones políticas de distintas orientaciones. Los dos primeros intentos de reforma, conocidos como plan A y plan B, fueron desechados durante el sexenio anterior, el primero, de corte constitucional, no contó con la mayoría de votos requeridos y el segundo, basado en la modificación de un paquete de leyes secundarias, fue desechado por la Suprema Corte por vulnerar el proceso legislativo.
Los argumentos en los que se basa este tercer intento de reforma electoral siguen siendo los mismos, en teoría se busca: la disminución del costo de las elecciones y el financiamiento público a los partidos políticos; mejorar la representatividad política y la calidad de la participación ciudadana y fortalecer la autonomía de las autoridades electorales. Sin embargo, lo que hasta ahora se ha puesto sobre la mesa apunta a una dudosa reducción de costos, a una fiscalización que no atiende el problema del “dinero bajo la mesa” o el financiamiento proveniente del crimen organizado; a la eliminación de órganos electorales sin el blindaje que se requiere para garantizar independencia e imparcialidad de intereses privados; y la eliminación de un sistema de representación plurinominal, que hasta ahora ha garantizado cierta diversidad de voces y perfiles en los órganos de representación política. Nada se ha mencionado hasta ahora de los problemas que prevalecen en los procesos electorales mexicanos, como la violencia político-criminal, la ausencia de rendición de cuentas en el financiamiento de campañas o la vulneración constante de normas que buscan la equidad en la contienda.
De concretarse la reforma antes de junio, las nuevas reglas operarían en la superelección del 2027, ya que podrían confluir tres procesos electorales federales -elección judicial, elección legislativa intermedia y revocación de mandato- además de la renovación de 17 gubernaturas, renovación de 31 congresos estatales y elección de más de 800 ayuntamientos, sin contar los que eligen por sistemas normativos internos. Varios consejeros electorales han expresado que esta sobrecarga impactaría no solo sobre la calidad organizativa de los procesos electorales, sino sobre su costo, tanto económico como político y social. Que en 2026 predominen el diálogo y la cordura, aunque la batalla parezca de entrada perdida.