La primera vez que se documentó y publicó información sobre la existencia de campos de trabajo y exterminio por parte del crimen organizado en México fue en 2019. La investigación periodística de los tapatíos Alejandra Guillén y Diego Petersen recuperó los estremecedores testimonios de jóvenes reclutados a base de engaños y amenazas por el crimen organizado. Milagrosamente algunos lograron escapar con vida. No todos tuvieron la misma suerte. Un circuito de desaparecidos conformado por Tala, Cuisillos, la sierra de Ahuisculco y Las Navajas puede trazarse a base de testimonios, denuncias e intervenciones de la Fiscalía de Jalisco. Todo esto a solo una hora de la concurrida capital del estado. Todo en medio de la indiferencia, negación y omisión de autoridades.
La segunda evidencia pública vino en 2021 cuando Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y Alejandro Encinas, de la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación confirmaron la existencia de al menos nueve campos de exterminio en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. “Hemos decidido llamarles sitios de exterminio por lo que ahí sucedió porque son crematorios ilegales y por eso ligamos la similitud a otros hechos espeluznantes de la historia”.
El Comité contra la Desaparición Forzada, órgano de Naciones Unidas integrado por diez personas independientes a cargo de supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas visitó el país en 2021. La Convención fue ratificada por México y entró en vigor en diciembre de 2010. Esta define a la desaparición forzada como: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. En su informe final, el Comité reconoció la labor inicial del gobierno mexicano en contar con leyes y mecanismos para el registro de desaparecidos, pero realizó recomendaciones puntuales. El hallazgo principal fue que en México continuaban las desapariciones sistemáticas, la impunidad, la revictimización hacia los familiares de desaparecidos y la omisión de autoridades de los tres niveles de gobierno. Con preocupación se señaló la negación de la responsabilidad de Estado y el vínculo entre el fenómeno de las desapariciones y la seguridad militarizada.
Se sugirió un cambio en la política de seguridad y la atención a mecanismos de coordinación, de generación de registros e información y de protección a funcionarios y familiares involucrados en los procesos de búsqueda para la verdad, reparación y acceso a la justicia. De 2010 a la fecha al menos 27 familiares de desaparecidos han sido asesinados. La cifra de desaparecidos en todo el país suma más de 120 mil. Más de lo que se reportó durante las dictaduras militares de Argentina o Chile.
Por primera vez en su historia, el Comité activó el mecanismo para que el caso sea tratado con carácter de urgente, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lejos de la cooperación que se requiere, tanto la CNDH como una mayoría del Senado representada por la coalición oficialista optaron, como en tiempos de Calderón, por negar la realidad e ignorar la voz de las víctimas. ¿A quiénes realmente quieren proteger?
Investigadora de la UdeG