La palabra soborno proviene del latín subornare un verbo compuesto que significa adornar, equipar, proveer por debajo de la mesa o a escondidas. Se trata del intercambio de dinero, regalos o favores a cambio de un beneficio particular por lo cual es considerado sinónimo de corrupción. El soborno no es la única forma de corrupción, pero sí suele ser la más medible cuando se trata de acceso a servicios.
En el torrente de órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump, el pasado 10 de febrero suspendió la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). Esta ley fue votada en 1977, tras dos largos años de discusión en el Congreso americano a partir de la evidencia del Fiscal especial del caso Watergate. Se trató, en su momento, de una ley vanguardista porque por primera vez se estableció la penalización de empresas estadounidenses, particulares y corporaciones extranjeras con negocios en Estados Unidos que usaran sobornos para cerrar contratos y operaciones.
Esta ley sirvió de antecedente para la adopción de estándares que fueron incorporados en los principales instrumentos internacionales de combate a la corrupción. Tanto en la Convención Interamericana contra la corrupción de la OEA; la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Antisoborno de la OEA, existen una serie de obligaciones para los países firmantes para investigar, sancionar, brindar información y colaborar con otros países sobre casos de soborno.
Los motivos de Trump para esta suspensión no fueron una revisión de los casos investigados, sino, en sus propias palabras se trató de evitar la “sobreexpansión y lo impredecible de la aplicación de la ley” puesto que, desde su visión, las empresas americanas han sido lastimadas por la prohibición de utilizar “prácticas comunes entre competidores internacionales”, creando así una cancha dispareja.
Una sistematización realizada por la Escuela de Derecho de Stanford permite observar que con la aplicación de FCPA, en los últimos diez años se ordenaron sanciones por 24 mil 348 millones de dólares y se procesaron un promedio de 20 casos por año. Las empresas y funcionarios más sancionados provenían de China, Brasil, India y México. Los escándalos empresariales-políticos de Wal-Mart, Pfizer y Odebrecht, que contaban con tentáculos en suelo mexicano, son solo algunos.
La comunidad internacional ha criticado que las medidas antisoborno se centren solamente en el lado de la oferta, es decir, en quien propone el soborno y no en el de la demanda. Con ese ánimo, hace un año se aprobó la Ley de Prevención de Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés), que fue parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de Estados Unidos. Esta ley establece la responsabilidad penal de funcionarios de gobiernos extranjeros que exijan, soliciten, reciban o acepten un soborno por parte de una empresa estadounidense, pudiendo ser extraditados para ser juzgados en ese territorio.
La orden ejecutiva de Trump ha sido interpretada como un llamado al concurso internacional de sobornos. Sin embargo, existen dos cuestiones que no han sido contempladas. Por un lado, el hecho de que la pausa otorga a la Fiscal General la potestad de hacer excepciones en casos específicos sin aclarar los criterios. También, viene acompañada de la orden ejecutiva sobre la “Total eliminación de cárteles y organizaciones criminales trasnacionales” que ordena a la División Criminal de la Ley de prácticas corruptas que priorice las investigaciones sobre redes de tráfico de personas, armas y drogas. Y finalmente, que la Comisión de Valores (Securities And Exchange Commission) no está exenta de seguir aplicando la ley contra el soborno. Esto significa que el soborno seguirá vigilándose pero el rasero para su penalización será distinta para quienes no viven en el país de las barras y las estrellas.
Investigadora de la UdeG
