Validar significa dar fuerza o firmeza a algo. La palabra refiere a confirmar o ratificar un documento o acto e implica que algo sea reconocido como legítimo, correcto o aceptable. Tanto la Constitución como nuestras leyes electorales, todavía vigentes, dotan al árbitro electoral de la capacidad de validar o no una elección. Los criterios a considerar tienen que ver con la autenticidad del proceso, con la libertad de ejercer el voto libre e informado, con la transparencia pero sobre todo con la comprobación de que no hubo irregularidades que pudieran alterar el resultado. En la sesión de Consejo general del domingo pasado, un grupo minoritario de Consejeros conformado por Arturo Castillo, Martín Faz, Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera hicieron un recuento del catálogo de irregularidades acumuladas en la elección judicial. Fiel a su historia como uno de los activistas más visibles de Alianza Cívica en la década de los noventa, el consejero Martín Faz Mora sintetizó los cinco supuestos que marcaron el proceso electoral. El primero, revivió las épocas de cuando “hasta los muertos votaban” puesto que refiere la existencia de casillas en donde la votación fue igual o por encima del 100 por ciento del listado nominal; el segundo, fue el hallazgo de boletas sin marcas, ni dobleces, que recuerdan el proceso de “urnas embarazadas”, es decir, urnas que eran rellenadas con votos no ejercidos y que claramente reflejan un indebido manejo de la custodia de los paquetes electorales. El tercero tiene que ver con el flujo de electores y el tiempo invertido en ejercer el voto. A decir del Consejero Faz y en base a lo simulacros realizados por el INE, resulta prácticamente imposible que el número de votantes registrados hubieran ejercido su voto en menos de 12 minutos. Para ello, varias casillas tendrían que haber estado recibiendo votos de manera interrumpida por más de 15 horas. En cuarto lugar, se encontraron casos de “casillas zapato” es decir, casillas adaptadas a la horma de los candidatos, en donde todos y cada uno de los votos recibidos fueron a favor de una misma candidatura. Finalmente, destaca el uso ilegal de propaganda con casos en los que no se emprendieron acciones para evitar los actos ilegales el día de la jornada.
El “elefante en la sala”, como atinadamente lo llamó el Consejero Castillo, fue la operación para el uso de guías de voto, o acordeones, repartidos y utilizados para inducir el sufragio. Sin tener aún claridad de cuál fue la fuente de recursos para financiar esta operación, se registraron al menos 37 modelos distintos de acordeón distribuidos a nivel nacional y en al menos 15 entidades. Bajo esta lógica, en 61.7 por ciento de las casillas, es decir, más de la mitad, se obtuvieron entre seis y nueve candidaturas del acordeón y en 51.5 por ciento de las casillas computadas resultaron ganadoras absolutas las cinco candidaturas del Tribunal de Disciplina Judicial.
Todas estas irregularidades no parecieron ser suficientes, ni relevantes para el resto de los Consejeros quienes todavía tuvieron los arrojos de decir que la voluntad ciudadana, (¿cuál?) había quedado intacta.
En 2027 se elegirá la mitad de los juzgadores del Poder Judicial que no fueron renovados en esta tanda además de todos los miembros del Poder Judicial de 13 entidades de la República. Por si no fuera suficiente, habrá elecciones intermedias en el Congreso federal y se renovarán gubernaturas en 16 estados además de congresos locales y autoridades municipales en la mayoría de ellos. Los que quieran competir ya saben cuál es el camino para ganar: la maquinaria oficialista y un árbitro mayoritariamente cómplice de la artimaña.
Investigadora de la UdeG
