El pasado 26 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionó por primera vez en la época moderna fuera de su sede. El lugar elegido fue Tenejapa, en los Altos de Chiapas, un punto de encuentro para diversas comunidades tsotsiles. No es un hecho menor: la concentración histórica de los Poderes de la Unión en la Ciudad de México había vuelto impensable que la Corte saliera de su recinto. Incluso, las pocas veces que dejó su sede en tiempos de Juárez respondieron a conflictos políticos y no a una decisión orientada a acercar la justicia.
Hoy el escenario es distinto. Quienes integramos el Tribunal Constitucional asumimos el compromiso de ejercer una justicia sensible a las problemáticas reales del país. Sesionar en territorio es simbólico, pero hacerlo frente a comunidades sobre las que existe una deuda histórica lo es aún más. La legitimidad judicial se nutre del diálogo directo con las personas y con quienes han sido sistemáticamente excluidas.
Es también significativo que el asunto discutido haya sido el Amparo en Revisión 344/2025, promovido por la comunidad tsotsil de La Candelaria, que solicitó el reconocimiento de su autogobierno y la adecuación legislativa necesaria para ejercer su libre determinación. Tuve la responsabilidad de elaborar el proyecto de sentencia, en el que propuse no solo conceder el amparo, sino también ordenar la construcción de un marco normativo efectivo y garantizar la transferencia de recursos públicos para hacer operativa su autonomía. El Pleno aprobó por unanimidad la propuesta y emitimos un fallo colegiado histórico, que además será traducido al tsotsil.
Los procesos históricos que dieron forma al Estado mexicano se construyeron, en gran medida, a partir de una visión colonial que subordinó las formas propias de organización de los pueblos originarios. Aun con la Independencia, las estructuras jerárquicas heredadas no se desvanecieron; se adaptaron y continuaron presentes en la vida pública. A lo largo del tiempo, prevaleció un modelo homogeneizador de nación que relegó la diversidad cultural. No obstante, los pueblos originarios han preservado sus instituciones comunitarias, su identidad y la continuidad de sus prácticas culturales.
La primera sesión itinerante marca el inicio de un nuevo rumbo para acercar la justicia a las personas, particularmente a quienes han enfrentado exclusión histórica y sistemática. Acciones como esta buscan que la función jurisdiccional dialogue con la realidad y responda a sus exigencias.
No son gestos simbólicos ni ejercicios retóricos. Son decisiones orientadas a garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas usuarias del sistema de justicia. Cada vez que un derecho constitucional se vuelve exigible y real, cerramos la distancia entre las instituciones y las comunidades. La justicia se legitima cuando llega a quienes durante demasiado tiempo fueron mantenidos al margen.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación