El plan integral de desmantelamiento de la democracia constitucional que el morenismo está llevando a cabo, para centralizar el poder y ejercerlo sin contrapesos, tiene aún un pendiente central: la reforma electoral.
Controlar los mecanismos y las vías de acceso al poder constituye la mayor ambición de todo régimen autoritario y eso López Obrador lo tenía claro. Por ello, sus primeros intentos por demoler y subordinar a las instituciones de control democrático estuvieron dirigidos hacia las autoridades electorales y, específicamente, contra el INE. No es casual que el plan A haya consistido en reformar la Constitución y subvertir el sistema electoral que se había construido en las últimas tres décadas, con la idea de sustituirlo por otro, con un órgano electoral controlado políticamente mediante la elección de sus consejerías, sin la administración del Padrón Electoral y con atribuciones arbitrales, de vigilancia y de sanción severamente disminuidas.
Ante la falta de votos para que los cambios constitucionales prosperaran, López Obrador impuso a su servil mayoría en el Congreso la aprobación del plan B, una reforma legal que vulneraba gravemente la autonomía e independencia del INE, desmantelaba el servicio profesional electoral, prácticamente desaparecía su estructura desconcentrada, facultaba a Relaciones Exteriores a definir quiénes podrían votar en el extranjero y trastocaba todas las condiciones de equidad que se habían establecido hasta ahora.
Las prisas y el desaseo legislativo de Morena provocaron que, venturosamente, la Suprema Corte declarara inconstitucional esa insensata reforma.
Luego vino el plan C, mediante el cual, ampliando el espectro de su intento de devastación institucional, López Obrador propuso desmantelar ya no solo el sistema electoral, sino también el aparato de justicia del país, eliminar a los órganos autónomos y concretar la militarización de la seguridad pública.
La conformación de una sobrerrepresentación indebida e inconstitucional en la Cámara de Diputados y una serie de prácticas mafiosas que, si bien no les son exclusivas, sí aprendieron a manejar de manera muy sofisticada, le permitieron a Morena y sus aliados contar con la mayoría calificada para modificar a su antojo la Constitución.
Lo que siguió es una vertiginosa sucesión de cambios que operaron la regresión autoritaria: en pocas semanas modificaron el Poder Judicial mandatando la elección popular de todos los jueces del país, blindaron su capacidad de cambiar la Constitución sin control ni límite alguno, desaparecieron a los órganos autónomos que les resultaban incómodos, reforzaron la prisión preventiva oficiosa y adscribieron la Guardia Nacional a la Sedena.
Les falta aún la reforma electoral, pospuesta, como lo anunció hace unos meses la presidenta Sheinbaum, hasta que termine la elección judicial, mediante la que pretenden eliminar a los OPLE, elegir a las y los consejeros del INE, inocular sus capacidades arbitrales y sancionatorias y, además, eliminar a las diputaciones y senadurías de representación proporcional, así como las senadurías de primera minoría, con el propósito de garantizarles a las mayorías (es decir a sí mismos) el control total y absoluto del Congreso (excluyendo así, de una vez por todas, la representación política de los partidos minoritarios).
Lo peor es que el pretexto para justificar la futura reforma electoral va a centrarse en los múltiples problemas que está presentando la elección de juzgadores. Éstos son, en realidad, consecuencia de una reforma mal hecha, improvisada, mal planeada y pésimamente ejecutada, que ha obligado al INE a organizar esa elección sin condiciones, sin recursos y teniendo que reinventar prácticamente todos los procedimientos hasta ahora vigentes. Pero está anunciado: el culpable va a ser el INE (que, dócilmente, está avanzando hacia el cadalso sin siquiera meter las manos) y eso justificará la necesidad de la reforma.
Si alguien duda que los cambios electorales están en el horizonte cercano, basta leer el décimo mandamiento que la presidenta le dirigió a Morena de cara a su recién celebrado Consejo Nacional. Ahí sentencia: “10… Mientras sigan existiendo las y los candidatos plurinominales garanticen que sean emanados de tómbolas en el marco de los estatutos del partido”. ¿Mientras? Lo dicho, como buenos autoritarios que son, van por todo.
Investigador del IIJ-UNAM.
