Un tribunal de consigna es el que resuelve a partir de las directrices que le son ordenadas por un poder superior ante el que se encuentra subordinado. En eso es en lo han convertido al Tribunal Electoral los tres magistrados que controlan su Sala Superior y que operan como un órgano al servicio del oficialismo morenista y de sus jerarcas.
Ejemplos de ese comportamiento abundan y así lo confirman, por enésima ocasión, las recientes resoluciones con las que convalidaron hace unos días la elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, a pesar de los elementos de demuestran que se trató de comicios plagados de irregularidades y definidos gracias al uso de mecanismos ilegales de inducción del voto.
Poco les importó la evidencia empírica (la existencia de acordeones distribuidos masivamente antes y durante la elección) y la mera inducción lógica (todos, sin excepción, quienes resultaron ganadores estuvieron incluidos en ese mecanismo ilegal de inducción del voto o, dicho al revés, sólo quienes aparecieron en dichos acordeones lograron ganar el cargo) a los tres magistrados que han sido sistemáticamente proclives al oficialismo.
Lo importante para ellos fue validar la elección a toda costa, incluso abriéndole la puerta, de cara al futuro, a la legitimación de mecanismos que comprometen la autonomía del voto que es una condición sin la cual, simple y sencillamente, no pueden existir elecciones democráticas.
Es cierto, en la historia del Tribunal hay lamentables casos de sentencias que han respondido más a criterios políticos que jurídicos. Asuntos en los que la interpretación de la ley se ha hecho a modo para ajustarse a intencionalidades políticas.
Así pasó cuando en la década pasada se le condonaron multas millonarias al PVEM (entonces aliado del PRI cuando éste gobernaba), o cuando se exoneró a Morena (unas semanas después de su triunfo en las elecciones de 2018) por el caso del fideicomiso para la reconstrucción argumentando, en ambas ocasiones, que las investigaciones del INE no habían sido exhaustivas, determinando por ello cerrar los casos en vez de ordenar que las indagatorias continuaran como siempre ocurría, evidenciando su pretensión de congraciarse con el poder en turno.
Así pasó también cuando en 2015 la Sala Superior cambió el sentido de las normas que eran claras, y contraviniendo además los criterios vigentes hasta ese momento, para salvar al PT de la inminente pérdida de su registro por no haber superado el umbral legal de votación requerido (en un contexto en el que ese partido eventualmente participaba aliado con el PRI).
Lo mismo ocurrió hace seis años cuando les concedió el registro como partidos políticos a tres organizaciones cercanas al morenismo y por el contrario se los negó a las que no eran afines al oficialismo.
Casos como los anteriores permiten afirmar que, en muchos sentidos, la del TEPJF ha sido una historia de una paulatina degradación conforme se han sucedido las integraciones. De aquel histórico tribunal que en su primera conformación confirmó las sanciones millonarias que se le impusieron al PAN y al PRI (el partido en el gobierno y la principal fuerza de oposición, respectivamente) por los casos “Amigos de Fox” y “Pemexgate”, en 2003, hoy no queda ni sombra.
Sin embargo, desde que los tres magistrados que hoy integran la mayoría tomaron el control de TEPJF, la sumisión al gobierno y su partido ha sido abierta, reiterada y prácticamente desvergonzada: Permitieron la violación sistemática de las prohibiciones constitucionales por parte del presidente para intervenir en las elecciones en 2024, convalidaron todos los atropellos cometidos durante la aprobación de la reforma judicial militando en contra de los juzgadores que procesaban los amparos interpuestos y hasta contra la Suprema Corte, convalidaron todo tipo de tropelías en la elección judicial, han condonado multas al morenismo y hasta se han convertido en el brazo ejecutor de sus venganzas y persecuciones políticas (como en el caso de la diputada “dato protegido” y su marido).
El mensaje de impunidad que se desprende es claro: cométanse las tropelías que se quieran, viólense las reglas constitucionales si así se desea, no importa, aquí las desestimamos y le imprimimos a los actos ilegales que se cometan un viso de legalidad y pulcritud.
Investigador del IIJ-UNAM. @lorenzocordovav
