Que la actual integración de la Sala Superior del TEPJF sea la más precaria en términos de calidad técnica, la más parcial políticamente hablando y la más subordinada al poder de todas las que ha habido desde que ese órgano se estableció en 1996, es notorio desde hace tiempo. La única excepción, si acaso, ha sido la magistrada Janine Otálora.
Desde el inicio las cosas fueron mal. Más allá de la idoneidad o no de sus perfiles, las y los actuales integrantes fueron nombrados en una de las más desaseadas designaciones del Senado, cuando en 2016, en un primer momento, se nombró, como lo establecía la Constitución, a dos de sus siete integrantes para ocupar sus cargos por tres años, a otros dos por seis y a los tres restantes por nueve, periodos para los que los nuevos jueces rindieron protesta. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, unos días más tarde, inexplicablemente, se modificó la ley para extender el plazo del nombramiento de algunos de ellos: a los magistrados nombrados por tres años se les amplió a siete y a los de seis a ocho años. Los argumentos fueron ridículos e inconsistentes, por no decir que contradecían lo expresamente dispuesto en la Constitución.
Desde entonces la Sala Superior ha emitido sentencias de todo tipo, muchas polémicas y discutibles (lo que es natural), algunas inconsistentes, pero también otras con frecuentes cambios de criterio e interpretaciones a modo que evidenciaban valoraciones más de tipo político que jurídico.
Por otra parte, la ingobernabilidad interna ha sido el sello de esta integración: desde 2016 ninguna de las presidencias, decididas por el pleno, ha concluido el periodo de cuatro años que prevé la Constitución. La inestabilidad de ese cargo ha sido inédita.
Sin embargo, lo peor ha ocurrido en el último año y medio, desde que terminaron su cargo dos de los siete miembros originales. A partir de entonces, la mayoría de los magistrados restantes ha asumido, de manera cada vez más clara y descarada, conforme pasa el tiempo, el rol de correa de transmisión de los intereses del gobierno y de su partido.
A la distancia, queda claro por qué el Senado, controlado por Morena, nunca designó sustitutos que cubrieran esas dos vacantes: porque quedando solo cinco, los tres magistrados que protegen los intereses del morenismo son mayoría, lo que probablemente no habría ocurrido si la Sala hubiera estado debidamente integrada.
Así pudieron dar el golpe de mano que permitió que Mónica Soto ocupara la Presidencia. Así convalidaron y desestimaron muchas tropelías y violaciones a la ley cometidas por el oficialismo durante el proceso electoral pasado. Así, avalaron la supermayoría inconstitucional de Morena y sus aliados en el Congreso que fue la piedra angular para que modificaran unilateralmente la Constitución y desmantelaran las instituciones de la democracia constitucional. Y así, también, guardaron un silencio inculpador ante el nuevo regalo (¿soborno?) del morenismo al extenderles indebidamente —de nueva cuenta— la duración de su mandato (mientras a todos los jueces del Poder Judicial se les destituyó a los magistrados electorales se les prolongó el mandato… ¿no suena raro?).
Hoy, la desvergüenza es total. Los tres magistrados que resguardan los intereses del poder desautorizaron —sin tener facultades— las decisiones judiciales que suspendían el trabajo de la selección de las y los candidatos del Poder Judicial en la elección de sus jueces y magistrados y autorizaron al Senado a designarlos mediante tómbola. Es decir, autorizaron a que un poder del Estado sustituya en sus facultades constitucionales a otro. Además, lo hicieron sin tomar en cuenta que la SCJN tenía pendiente decidir cuál de las decisiones contradictorias prevalecían, si las suspensiones de los jueces de Distrito o la resolución del TEPJF, suplantando arbitrariamente al máximo tribunal del país.
La paradoja es que hace un año, cuando un juez le ordenó al Senado cubrir las vacantes del TEPJF porque su omisión violaba la Constitución, los mismos tres magistrados desautorizaron que un órgano del Poder Judicial invadiera las competencias del Legislativo y, además, ¡denunciaron penalmente a ese juez!, encubriendo así las aviesas intenciones del morenismo y su propio predomino en el órgano.
Este TEPJF es el triste ejemplo de lo que va a ser la justicia en unos meses cuando se elija a los jueces.
Investigador del IIJ-UNAM
