El autoritarismo requiere del control de la narrativa pública para imponer sus puntos de vista y sus verdades a la población. Ese y no otro es el verdadero propósito de las conferencias de prensa diarias que instituyó López Obrador desde el inicio de su gobierno y que Sheinbaum ha continuado puntualmente.
La intención no es nueva aunque el mecanismo sea original. Los autoritarios desde siempre han necesitado de un instrumento que les permita dictar su línea de pensamiento a la sociedad. Piénsese en la centralidad que tuvieron las oficinas de propaganda en los regímenes totalitarios del siglo pasado, o en la necesidad de los líderes populistas de mantener el contacto directo con el “pueblo” a través de constantes concentraciones populares o de frecuentes programas de radio o televisión mediante los que le hablan directamente a las masas. Ese vínculo directo y el control de la discusión pública son necesidades vitales para los gobiernos antidemocráticos, del mismo modo en que el pluralismo y la crítica les resultan tóxicos (por eso combatirlas es una cuestión de supervivencia).
López Obrador, como buen autoritario, lo entendió bien e hizo de sus “mañaneras” el auténtico instrumento de su poder. Ello le permitió, a la vez, controlar la discusión colectiva imponiéndole a la sociedad y a la opinión pública su agenda (y sus “cortinas de humo”) y comunicarse directamente, sin intermediarios, con sus masas de seguidores y así apapacharlos y adoctrinarlos.
Sin embargo, los autoritarios necesitan mentir sobre todo aquello que no les conviene o que muestra sus ineficiencias y precariedades. Necesitan mentir sobre la corrupción, sobre sus errores, sobre los datos de la realidad que contradicen sus pretensiones, etc. La mentira es el fundamento sobre el que se construyen las realidades alternativas que los gobiernos autoritarios buscan vender (ya sea que nuestro sistema de salud es mejor que el de Dinamarca, o que vamos muy bien en materia de seguridad). La mentira, como magistralmente lo evidenció Orwell en el régimen del Gran Hermano (referencia recurrente en este espacio), es esencial para un gobierno que busca imponer su voluntad a toda costa.
Por eso, un lugar estelar de las “mañaneras” de López Obrador y de Sheinbaum lo ha tenido el segmento de “quién es quién en las mentiras” (hoy renovado bajo el membrete de “Detector de mentiras”); un espacio en el que el gobierno se convierte en el verificador de lo que se dice públicamente y en la autoridad que determina lo que es la Verdad y lo que son mentiras.
Lo anterior viene a cuento, porque hace unos días, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió por unanimidad, en el marco de un Juicio de Amparo, la inconstitucionalidad cometida por el gobierno pasado al implementar la sección aludida vulnerando con ello el derecho a la legalidad y a las libertades de prensa, de expresión y de información. A juicio del Tribunal (en el que, creo, será uno de los últimos ejercicios de justicia independiente en el país), "la creación de la sección referida sin un mandamiento escrito con parámetros de actuación, límites precisos y reglas objetivas previas dio lugar a un sistema de propaganda gubernamental posfactual que deforma la verdad desde el poder, reprime a la prensa crítica e impide a la ciudadanía el acceso a la información en condiciones de objetividad y neutralidad”.
Para el Tribunal fueron centrales los juicios que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha emitido en sus Informes Anuales. En el de 2022 sostuvo que: “la promoción de una sección de chequeo gubernamental de contenidos periodísticos y etiquetado de periodistas y medios de comunicación pone en riesgo las garantías para la libertad de expresión y la institucionalidad democrática en México, en tanto las instituciones del Estado no son las plataformas idóneas para evaluar la veracidad de la información periodística y los medios de comunicación son principalmente responsables ante el público y no ante el Gobierno… [Por lo que] la Relatoría considera que la sección… contraviene estándares interamericanos sobre libertad de expresión, y llama al Estado a suspender esta práctica” (párr. 963).
Ojalá el gobierno de Sheinbaum atendiera estas consideraciones y actuara en consecuencia, pero me temo que no será así porque los autoritarios nunca escuchan razones.
Investigador del IIJ-UNAM.