Resulta paradójico que, en las páginas de este diario, que ha sufrido frecuentemente el acoso desde el poder y recientemente incluso ha sido condenado de manera abusiva (junto con uno de sus más notorios colaboradores, Héctor de Mauleón) por presunta violencia política de género en contra de una alta funcionaria de Tamaulipas, haya quien, como lo hizo en una serie de artículos Sabina Berman, clame por crear nuevos procedimientos expeditos y hasta sumarios, así como nuevos tipos de sanciones en contra de aquellas publicaciones periodísticas en las que se critique al gobierno o a sus funcionarios y se incurra en presuntas falsedades.
Lo anterior no dejaría de ser anecdótico y parte natural del debate público en un país plural y diverso como el nuestro si no es porque vivimos en un contexto que ha sido calificado por organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de prensa (como Reporteros sin Fronteras o Artículo 19) y hasta por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en repetidas ocasiones, como de hostilidad, estigmatización y de alto riesgo para el ejercicio periodístico.
Es precisamente tomando en cuenta ese contexto, que ese tipo de ocurrencias, sobre todo viniendo de quien presume su cercanía con el régimen, terminan por ser graves y amenazantes.
Sobra decir que toda persona debe estar protegida en sus derechos frente al abuso y la calumnia, por eso y para eso existe el derecho de réplica al que están obligados los medios de comunicación y que también está protegido por la acción de la justicia. También existe la figura del daño moral para quien ha sufrido la descalificación pública de algún medio o de algún periodista de manera injustificada o indebida. Es decir, mecanismos de defensa frente a los infundios hoy existen y aunque pueden ser lentos y complejos (no podría ser de otra manera cuando está en juego el derecho a la libre expresión de las ideas), no estamos ni ante la necesidad ni ante la pertinencia de inventar mecanismos que pueden terminar por ser usados como instrumentos de censura.
Sin embargo, en los tiempos actuales más que al poder de la prensa (que sin duda lo tiene, al grado que hay quien la ha considerado el “cuarto poder”), hay que temer el abuso del poder público que pone en riesgo el ejercicio de las libertades democráticas (empezando por la libertad de expresión y la libertad de prensa).
Lo anterior no es un mero ejercicio hipotético ni retórico, sino un peligroso fenómeno real que se ha acentuado particularmente con los gobiernos de Morena. En efecto, la conferencia de prensa diaria de la Presidencia de la República, instituida desde que López Obrador llegó al poder, se ha convertido en un espacio en el que señala y personaliza a los críticos del gobierno, se descalifica a los medios y a los periodistas que no le son afines, se ensalza y edulcora a los aduladores, se miente impunemente proporcionando datos falsos o haciendo interpretaciones sesgadas o incorrectas de los hechos, se utiliza, pues, toda la potencia comunicacional del gobierno para identificar y estigmatizar a quienes se considera enemigos del régimen y se les exhibe públicamente.
Además, espacios como el segmento “Quién es quién en las mentiras” en las “mañaneras” del sexenio anterior y que en el gobierno de Sheinbaum se ha reinventado bajo el nombre de “Detector de mentiras”, ha sido señalado por la antes mencionada Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH porque “pone en riesgo las garantías para la libertad de expresión y la institucionalidad democrática en México, en tanto las instituciones del Estado no son las plataformas idóneas para evaluar la veracidad de la información periodística y los medios de comunicación son principalmente responsables ante el público y no ante el Gobierno” (Informe Anual 2022, párrafo 963).
Son tiempos en los que la justicia incluso se ha utilizado para perseguir a voces críticas, como ha pasado en los casos de “Dato protegido”, de la censura por razones de violencia política de género al periodismo crítico en Campeche o Acapulco.
“Un periodismo mentiroso no le sirve a la democracia”, dice Berman, pues un gobierno mentiroso y que además estigmatiza y descalifica a las voces críticas no sólo no le sirve a la democracia, sino que, además, la pone en grave riesgo y, en el extremo, la nulifica.
Investigador IIJ-UNAM. @lorenzocordovav
