Ayer, la reforma electoral que presentó la presidenta Sheinbaum fue rechazada por no alcanzar la mayoría calificada necesaria para aprobar las enmiendas constitucionales. Obtuvo 259 votos a favor (únicamente de los diputados de Morena) y 234 en contra (del resto de los partidos).
Igual que ocurrió en diciembre de 2022 con el llamado Plan A, la propuesta fracasó al pretender ser una imposición unilateral del gobierno y su partido y no el resultado de una construcción colectiva con el resto de las fuerzas políticas. La soberbia, el dogmatismo, la testarudez, la falta de pericia política y la ausencia de vocación democrática —que supone la natural y permanente tendencia a construir acuerdos— llevó al morenismo a pretender imponer, una vez más, su propia voluntad, en vez de propiciar y edificar consensos con los demás (en lo que ya es una clara vocación y parte de su naturaleza).
Quien pretende imponerse arbitrariamente a los demás se merece, sin duda, tener ese resultado.
El problema es que los autoritarios no descansan y tal como ocurrió hace tres años, el morenismo ha anunciado que presentarán un nuevo Plan B, es decir, una serie de cambios legales que, si bien hoy nadie conoce, podrían llegar a ser aprobados con los votos con los que cuentan sin necesidad de apoyos adicionales.
El riesgo para la integridad democrática de nuestro sistema electoral es latente, porque si bien hay temas que no podrían alterarse sino mediante cambios constitucionales, como la integración del Congreso, el financiamiento a los partidos, el modelo de comunicación política o la integración de los órganos de dirección del INE y de los OPLE, entre otros, también es cierto que hay muchos otros temas de los que también depende la calidad de las elecciones que podrían verse gravemente alteradas mediante modificaciones legales.
Los cambios que en su momento introdujo el Plan B (que implicó la reforma de seis leyes secundarias a fines de 2022 e inicios de 2023), antes de que fueran juzgados inconstitucionales por la SCJN, son la mejor prueba de ello. Con esas modificaciones legales se buscó, en efecto:
a) Desmantelar el Servicio Profesional Electoral del INE mediante la desaparición del 85% de sus plazas, lo que implicaba desarticular una estructura en la que se sostiene la entera capacidad operativa del Instituto;
b) Desaparecer las 300 Juntas Ejecutivas Distritales como estructuras permanentes y volverlas temporales, a pesar de que son los órganos desconcentrados responsables de operar los módulos de credencialización, actualizar el Padrón y actualizar la cartografía electoral, realizar las revisiones de campo en materia de fiscalización, ejecutar las tareas de educación cívica (todas ellas tareas cotidianas), además de ser las encargadas de operar periódicamente las elecciones en cada uno de los distritos del país;
c) Destituir al Secretario Ejecutivo del INE, a pesar de que su nombramiento y, por lo tanto, su remoción es una facultad exclusiva del Consejo General, con lo que se afectaba gravemente su autonomía;
d) Establecer que la lista nominal de mexicanos en el extranjero sería validada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que significaba una inaceptable intromisión del gobierno —como ocurría en el pasado— en la definición de quienes podían ejercer el derecho al voto, así fuera solo en la votación desde el exterior y, finalmente,
e) Redefinir el concepto legal de propaganda gubernamental para excluir los dichos y declaraciones de los funcionarios públicos, argumentando que se trataba del ejercicio de su libertad de expresión, con lo que se pretendió legalizar las intervenciones de los servidores públicos en las elecciones prohibidas constitucionalmente como las del presidente en la “mañanera”.
Como puede verse, el riesgo para la democracia no está aún exorcizado y habrá que seguir atentos para evitar que la regresión que el oficialismo pretende se concrete.
Investigador del IIJ-UNAM. @lorenzocordovav
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