La elección judicial derivada de la reforma constitucional y legal que el morenismo concretó a fines del año pasado es una farsa. Los acontecimientos que día a día nutren la historia de este ejercicio absurdo y surreal constatan, uno a uno, que estamos frente a una auténtica tomadura de pelo.
Los objetivos reales de la reforma querida por López Obrador y concretada por Sheinbaum eran: a) liquidar al Poder Judicial como un órgano de contrapeso de los poderes políticos del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo; b) eliminar la posibilidad que los caprichos y los abusos cometidos por el gobierno y su servil mayoría legislativa pudieran ser frenados judicialmente y c) colonizar ese Poder con jueces a modo (como las tres ministras en funciones que, sin pudor, se ostentan como representantes del obradorismo en la actual SCJN) que actúen como correas de transmisión de los intereses gubernamentales.
Para ello optaron por la demagógica solución de elegir a las y los juzgadores, bajo una pretendida inspiración democrática, desnaturalizando la razón de ser de las elecciones en las democracias y trastocando el funcionamiento del robusto sistema electoral que se había construido en nuestro país.
En efecto, por un lado, las elecciones son el mecanismo por excelencia para elegir a representantes políticos, no para designar a los responsables de los cargos técnicos de un Estado. Los jueces no son representantes de las posturas políticas existentes (como un diputado, un senador, un gobernador, un presidente municipal o el presidente de la República), sino expertos en la materia jurídica encargados de aplicar la ley a los casos concretos, juzgar si las autoridades, con su actuar, se apegan o no a lo dispuesto por las normas y, de esta manera, proteger los derechos de las personas frente a los eventuales abusos del poder. Elegir popularmente a los jueces es tan absurdo como pretender que la ciudadanía elija a los médicos que estarán a cargo de las cirugías, a los maestros que serán titulares de las cátedras universitarias o a los técnicos responsables de operar las centrales nucleares. Si se quiere politizar un cargo, la mejor manera de hacerlo es someterlo a elección popular. Por eso la reforma judicial fue un auténtico despropósito.
Pero además, por otro lado, al imponerle al INE (órgano encargado de organizar las elecciones para designar a los representantes populares a través de procedimientos electorales diseñados por décadas para inocular la desconfianza y conducir comicios libres, auténticos y equitativos que inyectaran certeza, credibilidad y legitimidad en el acceso a los cargos legislativos y ejecutivos) la organización y la realización de las elecciones de jueces es desnaturalizar su función y alterar gravemente su lógica de funcionamiento. En efecto, la elección de jueces que la reforma introduce es muy diferente a las que durante 30 años se habían organizado: la geografía electoral (sobre la cual se sustenta la estructura descentralizada del INE) es distinta a la de los circuitos judiciales; las campañas son diferentes; el modelo de fiscalización también; el acceso a la radio y la televisión están pensadas para un modelo disímil; las boletas son distintas; los escrutinios de los votos son impracticables en las casillas; al estar prohibida la participación de los partidos, ni en los consejos del INE ni en las casillas habrás representantes de las candidaturas; entre una larguísima lista de aspectos que son distintos a las elecciones tal como las conocíamos.
Para colmo, los procesos de selección de los comités evaluadores, primero, y de las candidaturas, después, han sido totalmente opacos, desaseados y faltos de cualquier atisbo de profesionalismo y de pericia técnica. El último y más patético ejemplo es que la lista de las candidaturas que el Senado debía enviarle al INE a más tardar el 12 de febrero (de acuerdo con lo establecido por la Constitución en su artículo 96, fracción III), estaba llena de errores y omisiones (como candidaturas no registradas o datos de identificación inexistentes —como ausencia de CURP de todas las candidaturas del Ejecutivo) y fue sustituida fuera de plazo incorporando nuevos nombres (como el de las tres ministras del régimen que habían olvidado incluir en la lista original).
La elección judicial no sólo es un enorme despropósito, cada día se evidencia más y más como una auténtica farsa.
Investigador del IIJ-UNAM
