Las elecciones del domingo pasado confirmaron que la reforma impuesta unilateralmente por una mayoría construida en el Congreso de manera fraudulenta, en realidad, nunca gozó del respaldo popular que se presumió desde los circuitos gubernamentales y del morenismo.
La paupérrima participación ciudadana de menos del 13% puso en evidencia la colosal mentira utilizada como fundamento existencial de la reforma judicial. La presidenta Sheinbaum se cansó de sostener que quienes la habían votado el año pasado querían la reforma y, con ella, elegir a todos los jueces del país. Fue una cantaleta repetida hasta el cansancio que hoy, queda claro, fue una falsedad monumental: en el mejor de los casos, de los más de 35 millones que votaron por ella en 2024, apenas una tercera parte acudió a las urnas el domingo a elegir a nuestros jueces (un océano de 23 millones de votantes de diferencia).
El que apenas poco más de la décima parte de los votantes habilitados emitan su sufragio es un rotundo fracaso por donde se quiera ver, aquí y en cualquier parte. Que se tenga un 87% de abstención constituye un golpe directo a la línea de flotación de la legitimidad democrática de cualquier órgano electivo.
Así, aunque los resultados sean legales, nadie electo con esa participación puede presumir haber sido querido por el pueblo. Si acaso, por la décima parte de éste apenas. Nueve de cada diez mexicanos con posibilidad de votar le dijeron no a esta elección que, a todas luces, convalida lo que muchos hemos venido diciendo: siempre se trató de una simulación democrática, de una farsa.
Éstas fueron de este modo, por mucho, las elecciones federales con menos participación de toda nuestra historia (la consulta popular de 2021, con su 7% de asistencia, no fue propiamente una elección sino un mecanismo de democracia directa).
Nadie que hasta hoy haya ocupado un cargo federal electivo lo había hecho con un sostén popular tan precario. Hoy el Poder Judicial, vuelto por la reforma una instancia de representación política, va a reflejar la voluntad de una ínfima minoría. Los jueces designados por uno de cada diez ciudadanos son quienes nos van a juzgar a todos. Los juzgadores elegidos por apenas 13 millones van a impartirle justicia a 140. De ese tamaño el despropósito y la farsa.
Por otra parte, los resultados que se han ido publicando evidencian que los candidatos de Morena se impusieron en prácticamente todos lados, evidenciando así que, como algunos hemos venido diciendo, la elección de jueces siempre estuvo pensada, dirigida y organizada para que los cargos judiciales ahora pasen a estar ocupados en su totalidad —salvo alguna rara excepción que se presente en el camino— por incondicionales del oficialismo.
Los datos de cómo se integrará la Suprema Corte lo revelan. Los nueve nombres que se “sugerían” en los acordeones ilegalmente distribuidos en prácticamente todos los circuitos oficiales (entre simpatizantes, beneficiarios de programas sociales y agremiados de los sindicatos alineados al partido gobernante, entre otros) coinciden exactamente con las nueve personas que ocuparán el máximo tribunal del país. Es decir, la decisión del “pueblo bueno y sabio” (o al menos del ínfimo 13% que votó), casualmente se ajustó completamente con los deseos del oficialismo, demostrando con ello que en esta elección, más que libertad de sufragio, hubo una manipulación total de la voluntad de la mayoría de los votantes alineándola con los intereses políticos del gobierno.
Todo ello ocurrió, sobra decirlo, bajo la incapacidad e ineficacia del INE para frenar lo que con tibieza y de modo timorato (como ya es costumbre) consideraron como indebido.
De este modo, esta elección finiquita el asalto y la captura por parte de Morena del Poder Judicial, concretando así el golpe fatal que significó la reforma judicial para la democracia y el estado de derecho en México, en el que es hoy, tal vez, uno de los mejores ejemplos de una “autocracia electiva” en el mundo.
En ese sentido la elección fue una mera convalidación del desastre que varios anticipamos. Pero al menos, esta elección no sirvió para darle al vuelco autoritario la legitimación popular que se pretendía. Nuestra democracia constitucional naufraga en medio del pasmo y la incredulidad (incluso hasta de la indiferencia de muchos), más no entre los aplausos y vítores del pueblo.
Investigador IIJ-UNAM. @lorenzocordovav