En días pasados se dio un evento poco común, pero muy relevante. Se trata del reconocimiento público del Estado mexicano de su responsabilidad internacional por la desaparición forzada de Ivette Melissa Flores Román en Iguala, Guerrero, el 24 de octubre de 2012.
La obligación de dar una disculpa pública a la familia de la víctima se Leticia Bonifaz derivó de un resolutivo del Comité CEDAW que conoció del caso porque el 18 de octubre de 2019 la señora Sandra Luz Román Jaimes, madre de Ivette, representada por Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas), presentó el caso ante esa instancia.
Todo empezó en el 2009. A los 16 años, Ivette tuvo una hija con Humberto Velázquez Flores y se mudó a vivir a la casa de los papás de éste. Ahí comenzó a sufrir violencia familiar con golpes e insultos. Le restringieron la comunicación con su familia y la posibilidad de moverse libremente; le controlaban su forma de vestir. Logró llegar a un acuerdo para que cuando la niña cumpliera un año, pudiera regresar a la casa de su mamá, lo que sucedió el 18 de diciembre de 2010.
Las amenazas de muerte, la vigilancia a su familia y las visitas con detonaciones de armas continuaron. El 14 de junio de 2012, abuela, madre e hija, huyeron a Iguala, pero continuó la vigilancia y el hostigamiento. En agosto de 2012, Ivette terminó regresando a una de las propiedades de la familia Velázquez en Acapulco, donde siguió vigilada y controlada. En octubre de 2012, Sandra Luz fue por Ivette y su nieta para llevarlas de regreso a casa.
El 24 de octubre de 2012, varios hombres armados entraron violentamente a la casa de Sandra Luz, disparando a la fechada y la puerta, y se llevaron específicamente a Ivette y a una de sus cuñadas, Alba Itzel Osorio. Ella fue liberada 5 días después. Su posterior testimonio fue clave porque se conocieron detalles de la desaparición forzada. El abuelo de la niña, Humberto Velázquez, apodado el Guacho, era entonces policía ministerial de Iguala. Había coordinado la fiscalía general del Estado en la zona norte de Guerrero. Lo asesinaron en junio del 2021.
Ante el Comité CEDAW, Sandra Luz narró todo su peregrinar en la búsqueda de Ivett y de justicia para ella: las omisiones y malos tratos en la fiscalía de Guerrero; la revictimización, las tareas de investigación que le encomendaban, ante la omisión de las propias autoridades.
Al papá de la niña lo citaron a declarar seis años después de los hechos. Sandra recurrió a la justicia federal y le otorgaron un amparo que el MP de Iguala no acató.
El Comité CEDAW tomó en cuenta todo esto y resolvió el caso en octubre de 2022 con la comunicación individual 153/2020. Determinó la responsabilidad del Estado mexicano al no proteger y garantizar los derechos humanos de Ivette como víctima de desaparición forzada e indirectamente los de su grupo familiar.
El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación reconoció esta responsabilidad frente a la —hoy adolescente— hija de Ivette y su abuela Sandra Luz.
Ahora falta que se cumpla con el resto de los resolutivos del Comité, entre otros, la búsqueda exhaustiva en campo del cuerpo de Ivette. Su madre ha seguido dando información y, además, hace años que encabeza el colectivo Madres igualtecas en busca de sus desaparecidos. La disculpa es un importante precedente, pero el caso aún no se cierra. ¿Qué pasó con la responsabilidad de Humberto? ¿Dónde está Ivette?
Leticia Bonifaz
Catedrática de la UNAM @leticia_bonifaz
