El pasado 5 de abril, dos personas murieron en el Festival Ceremonia en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. La estructura de una grúa colapsó y causó la muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, dos jóvenes fotoperiodistas que cubrían el evento. La música no se detuvo. La escena no fue acordonada. El evento siguió como si la vida de dos personas pudiera interrumpirse sin consecuencias.
Lo ocurrido en Ceremonia 2025 es una tragedia que desnuda, con brutalidad, la simulación institucional del Estado mexicano frente a la muerte. No se activaron protocolos, no ingresaron peritos, no se resguardaron indicios, no se entrevistaron testigos en el momento. Los cuerpos fueron retirados por paramédicos a pesar de que ya no presentaban signos vitales, alterando la escena del crimen y desplazando la investigación al hospital. La cámara de Berenice, su herramienta de trabajo, así como los tenis de Miguel Ángel, desaparecieron, despojándoles a ellos y su familia con esa acción su dignidad.
De conformidad con los protocolos de investigación en México, una muerte violenta en un espacio público debe activar de inmediato una intervención estructurada: acordonamiento, preservación de indicios, entrevistas en campo y entrada de peritos especializados. La “hora dorada” para recabar evidencia fue despreciada. La escena fue contaminada por luces, público, sonido y movimiento constante.
Estas omisiones no son accidentales. La promotora del evento decidió deliberadamente continuar el festival, ocultar la muerte de dos personas, justificar la música como si nada hubiera pasado. Aquí no hablamos sólo de negligencia, sino de dolo eventual: prever la posibilidad de un resultado letal y, aun así, actuar como si no importara.
La decisión de mantener el evento activo, de minimizar lo ocurrido, de no transparentar la información con el público asistente ni con la prensa, configura un encubrimiento que favorece a los responsables económicos y administrativos, y revictimiza a las familias. El traslado de los cuerpos al hospital no fue un acto de auxilio, sino una estrategia para aventar la responsabilidad hacia esa institución y evitar que la investigación comenzara en el lugar de los hechos: el Parque Bicentenario.
Pero más allá del papel de la empresa promotora, este caso exhibe otra falla estructural: la de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Su ausencia física y técnica es alarmante. Su silencio también. La Fiscalía tenía el deber de activar la investigación con debida diligencia. Las decisiones procesales deben estar guiadas por principios de legalidad, objetividad y profesionalismo.
El Estado mexicano se burla de manera constante de las víctimas. No solo por acción, sino por omisión. Ceremonia 2025 evidencia que, a casi diez años de la transición al sistema penal acusatorio, las fallas estructurales siguen ocurriendo:
• No hay autonomía real en las Fiscalías.
• No se activan los protocolos.
• No se capacita con perspectiva de derechos.
• No hay rendición de cuentas.
La justicia penal no puede seguir fallando. No después de tanto esfuerzo institucional, legislativo y formativo. No cuando hay vidas de por medio. No cuando la evidencia desaparece y el silencio institucional es la respuesta.
Berenice y Miguel Ángel eran trabajadores. Personas. Víctimas. No hashtags ni cifras. La justicia para ellos empieza por dejar de simular. Y eso incluye decir con claridad que lo que ocurrió no fue un accidente.
La muerte de Berenice y Miguel Ángel no puede archivarse en el cajón de los “accidentes”. No puede ser silenciada por un festival, una empresa ni una autoridad omisa. Sus vidas merecen algo más que minutos de silencio: merecen verdad, justicia y memoria.
Lo ocurrido en Ceremonia 2025 no fue una excepción: fue el reflejo de un sistema que sigue fallando, incluso cuando todo está escrito en los protocolos. Pero si algo nos enseñan las víctimas, es que no basta con indignarnos. Hay que exigir, documentar, acompañar y no soltar la voz.
Porque cuando el Estado falla, la sociedad tiene que hacer ruido. Aunque la música no se detenga, aunque intenten tapar los gritos con luces y pantallas, nos toca decirlo con toda claridad: la justicia no se posterga por logística, ni la muerte se normaliza por entretenimiento.
