En el ya muy largo ciclo de reformas electorales que hemos tenido, aprendimos que cada una tiene como objetivo resolver un gran problema y a veces esto supone reajustar algunos temas menores. Las elecciones en México de 2018 y 2024 permitieron comprobar que el sistema electoral tiene un alto nivel de confiabilidad y que su integridad es una garantía para todos. Han sido elecciones abiertas y, en consecuencia, no ha habido (como ocurrió en el pasado) una disputa por el primer lugar. Pero me parece increíble que omitamos que buena parte de la conflictividad política de nuestro país, de finales de los 80 hasta bien entrado el siglo XXI, se debió precisamente a la falta de confianza en el sistema electoral.
Yo tenía la convicción de que esta generación había aprendido que lo que se gasta en generar confianza y evitar conflictos políticos está bien gastado. La idea de regresar al Michoacán de los ochentas o noventas, o el Guerrero de aquella etapa, simplemente me resulta repelente. Pero no voy tan lejos: la última elección judicial, con todas sus imperfecciones y acordeones incluidos, es una prueba fehaciente de que debilitar presupuestalmente al órgano electoral acaba redundando en la legitimidad del proceso.
La propuesta de reforma me parece, en consecuencia, extraordinariamente chata. Y si tuviese que resolverse algún tema para mejorar la calidad del sistema democrático, tengo la certeza de que habría que atacar cuatro problemas fundamentales que en los últimos años han deteriorado la calidad democrática. El primero es la sobrerrepresentación. Por más vueltas que le den, la coalición gobernante obtuvo el 53% de los votos y se ha asegurado, con la complicidad del Tribunal, el poder tener una mayoría constitucional que no ganó en las urnas. Ligado a esto, está la visible compra del voto de algunos legisladores. En Brasil, un escándalo de ese tipo puso a la presidenta Dilma Rousseff contra las cuerdas. En este país, donde todo se compra y se vende especialmente en el sistema electoral, eso le parece a la mayoría un privilegio del que no quiere prescindir.
Y después, están los dos temas ligados al dinero que deberían generar por lo menos un poco de pudor. El primero es el dinero público, metido en las elecciones, que en este país claramente se manejan con recursos y programas sociales. Los delitos electorales han pasado a ser tan comunes como la piratería o el contrabando. Ya nadie se asusta de ver a funcionarios públicos con chalecos del color del partido oficial. Después, está el oscuro tema del origen del dinero que fluye en sobres manila, que puede venir de la corrupción política o directamente del crimen organizado, que por esa vía se asegura protección.
Finalmente, tenemos la intervención constante, masiva y deformante de la Presidencia de la República en las campañas electorales. Proponer reducir los tiempos de anuncios de los partidos, pero si no se limita el tiempo de la mañanera y su participación en el proceso político, estamos rompiendo el principio de equidad y en consecuencia, lo único que tenemos es una voluntad de que el partido mayoritario, hoy en el gobierno, sea el que gaste el dinero público y que por esa vía vincule las ayudas sociales al apoyo electoral. Además, la presidenta es la porrista nacional de su partido. Si el ánimo es arreglar algo, yo les aconsejaría que no trajinen en día de fiesta y que dejen las cosas como están porque, con todos sus defectos, el sistema electoral funciona mejor que lo que cabría esperar con esta reforma. Además, opino que no hace falta ninguna reforma para que los congresos de todo el país reduzcan sus presupuestos.