La percepción externa sobre la presidenta es buena. Mis conversaciones con periodistas, académicos e incluso diplomáticos de otros países siempre contienen una mirada favorable de Claudia Sheinbaum, quien sigue gozando de prestigio. Es una mujer con buena imagen. No tiene cara de “gorila” sudamericano y, para muchos europeos y americanos, es un rostro cercano y familiar, una científica que gobierna un país semisalvaje. Una mujer, pues, que les inspira confianza.
Todos tenemos ideas generales sobre los países y sus gobiernos. Nuestras opiniones sobre Meloni o Erdogan, Milei o Carney (estrella fulgurante estos días) están colgadas de una percepción genérica y, casi siempre, superficial. A medida que se profundiza y uno ve con más detalle el panorama, surgen preguntas más incisivas.
La inicial disposición favorable que tiene CSP se enfrenta con una paradoja que le resulta cada vez más difícil explicar: ¿por qué una líder tan poderosa no puede imponer orden en su país? Es cada vez más claro, para la opinión pública especializada, que su control sobre el sistema institucional, incluida la Suprema Corte, es enorme. A la jefatura de la administración pública, las mayorías, hijas de la sobrerrepresentación, en el Congreso, se añaden nuevas conquistas. La Fiscalía ha sido integrada a la órbita de control personal y también el sometimiento de buena parte de los gobernadores (incluidos los opositores) es patente. Su partido avanza en el control de sindicatos corporativos que agrega a sus abultadas clientelas que llenan el Zócalo cuando haga falta.
La presidenta puede modificar la Constitución con la soltura con la que sus homólogos modifican reglamentos. Por eso surge la pregunta, ¿una presidenta tan poderosa no puede someter a los grupos criminales que la amenazan directamente y a amplios sectores de la población? ¿Todo ese poder no es suficiente para controlar las cárceles y evitar que desde ellas se extorsione a los ciudadanos? El envío de 92 delincuentes a Estados Unidos, además de ser una ofrenda en el altar de la cooperación, es una confesión de parte de que los reclusos en México pueden seguir conspirando contra el Estado.
No es fácil explicar, pues, qué tanto poder que puede ser usado para controlar el sistema electoral o desmontar organismos autónomos del Estado, no pueda expresarse en términos de gobernabilidad funcional para controlar carreteras, prisiones o instalaciones estratégicas, como aduanas y empresas del Estado que se desangran por el huachicol y la rampante corrupción.
La paradoja es, cada vez, más visible. Tanto poder se combina con una aparente impotencia para perseguir, no sólo a los criminales de base o de jerarquía media alta, sino a la estructura política que sostiene al crimen organizado en México, porque no hay crimen organizado sin el apoyo de una parte del Estado. Tampoco se ataca la base económica de los criminales que contamina a los sectores formales e informales. Ni los liderazgos políticos criminales, ni las actividades económicas señaladas, han sido tocadas y solamente se ha avanzado (y hay que decir, de manera importante) en golpear a las estructuras criminales en sus partes medias y bajas.
La imagen inicial de CSP se matiza y da paso a la imagen de una líder asediada por Trump y su coalición. Acumula poder institucional, pero no está en condiciones de depurar las instituciones de seguridad y procuración de justicia. El motor para reducir la impunidad no funciona. Nunca una presidenta había tenido tanto poder y, al mismo tiempo, nunca había tenido tanta presión externa para actuar en contra de las organizaciones tipificadas como terroristas con instituciones renovadas. Le quedan cinco años para construir un legado.