El gobierno de México se enfrenta a tres dilemas que pueden determinar si este país se redime, o se mantiene en esa maldita inercia que ha marcado los últimos 25 años.
El primero de ellos, por su gravedad, es el demoledor informe de Human Rights Watch. No hace falta entrar en los detalles, todos aterradores y escabrosos. Basta con leer una frase abrumadora: “La impunidad sigue siendo generalizada”. Con eso debería tener el gobierno materia suficiente para emprender una gran reforma, utilizar sus mayorías y capacidades institucionales para cambiar la trayectoria del país y dejar de ser una nación en la cual todo se arregla por influencia política. Para cualquier observador imparcial, un informe como el publicado por dicha organización, debería hacer saltar todas las alarmas. ¿Cuántos años más podemos arrastrar la carga de más de 120 mil desaparecidos?
El segundo tiene que ver con el propósito de enmienda que el gobierno ha exhibido en materia económica. A un año de su mandato, la presidenta parece decidida a enviar los mensajes correctos a los inversionistas. Desde luego, en las oficinas gubernamentales echaron a volar la imaginación con aquello de que más de 400 mil millones de dólares estarían en la cartera de inversiones. Pero si este país lograra duplicar la inversión extranjera directa (llegar a 80 mil millones de dólares) y revertir la trayectoria de la formación bruta de capital que, por cierto, el jueves volvió a mostrar una tendencia negativa, otro gallo nos cantaría. Pero claro, hace falta que el gobierno reconozca que su bipolaridad y su profunda ideologización han impedido que las asociaciones público-privadas y la inversión en el sector energético se consoliden. He perdido la cuenta de las variaciones que el gobierno ha tenido en estas materias. Se aprecia, sin embargo, la disposición de los empresarios a poner buena cara en el anuncio, cuando en el pasado reciente aquellos que invirtieron en las APP han salido raspados y buena parte de la inversión en energía ha sido a veces estigmatizada, otras veces abiertamente perseguida. No hay que dar muchas vueltas a este asunto. Si quieren inversión, el gobierno debe mantener las reglas y tratar con un psicólogo su bipolaridad. ¿Quiere o no al sector privado?
Y el tercero tiene que ver con la relación con Estados Unidos. Las presiones explícitas sobre el gobierno han sido frecuentes y cada vez más sofisticadas. Por ejemplo, el libro que circula sobre el llamado “golpe invisible” y la supuesta reconquista mexicana de los Estados Unidos, está perfectamente engarzado con el mensaje gubernamental. Los americanos han decidido hacer lo mismo que el gobierno de México ha hecho en los últimos años, de manera pedestre, pero muy eficaz, y es usar la historia a su favor y presentar un relato favorable a la causa nacional. Como lo acabamos de ver en su relectura de la Guerra del 48, prácticamente nos dicen que trajeron la civilización y legitiman el imperialismo por su superioridad moral. Creo que los americanos se han cansado de oír nuestro relato victimista por un lado y arrogante por el otro y esta es su respuesta.
Se acabó el tiempo de que sólo desde México se reconstruya artificial y facciosamente la historia para legitimar a un régimen. El Estados Unidos de Trump ha decidido usar la historia para legitimar el moderno imperialismo. Debería pagar, eso sí, derechos de autor a López Obrador, el gran artífice del victimismo y la grandeza mexicana.