La aprobación y convalidación, por parte de la Suprema Corte, de una ley que topa el precio del alquiler en CDMX, es una muestra de las prioridades políticas de la clase que nos gobierna. Una ley corta de miras y, por lo tanto, poco eficaz para remediar el grave problema de la vivienda para los jóvenes.
En primera instancia, más que una revisión de fondo del tema es tratar de salir al paso de una inquietud generada en algunas colonias de la capital, con motivo de la llamada gentrificación y tratar de enfrentar a la lógica del mercado, que ha impactado de forma positiva y negativa en esas zonas céntricas de la ciudad.
La medida, seguramente, traerá modificaciones en el comportamiento del mercado de rentas y moverá a muchos al espacio de la informalidad o la triple cláusula para proteger la inversión. Los ciudadanos y las empresas buscan eludir la regulación y las cargas tributarias cuando éstas son inicuas o distorsionadoras. Pero lo peor es que tenemos un gobierno que, a mi juicio, se desentiende de los temas fundamentales de la urbe.
No hablaré de los baches, de los que ya se ocupó el Dr. Manuel Mondragón y Kalb; tampoco de la congestión vehicular permanente, me remitiré a los relacionados con el uso del suelo y la vivienda. El primero es que la inacción gubernamental para promover una política de vivienda es verdaderamente pasmosa. Buena parte de los interesados en el tema han hecho ver el déficit de vivienda que tenemos en la capital y es particularmente escandaloso comprobar cómo pasan los años y no se ofrece una solución de fondo liberando suelo o construyendo vivienda. En el centro histórico hay manzanas completas vacías y edificios desocupados sin que tengamos una política pública o legislación específica para darles plena utilidad. Que haya terrenos y viviendas vacías en pleno centro de una ciudad que tiene tantas necesidades y tantos problemas de conectividad me parece un contrasentido. Además, el primer cuadro cada vez se habita menos y la expansión de mercados informales deteriora el entorno urbano poniendo en riesgo el patrimonio arquitectónico.
Tenemos un gobierno que prioriza según su lógica política y no según el interés público. No parece que resolver el tema de fondo esté en sus preocupaciones, como tampoco lo está el dar certidumbre a una ciudad que sigue esperando que publiquen, con transparencia, el plan con los usos de suelo y los usos de conservación ambiental. Llevamos 20 años esperando eso. Además, la Constitución capitalina promovió la creación de un Instituto de Planeación que no ha servido para maldita la cosa. El último secretario encargado de ese tema hoy despacha plácidamente en Washington y la ciudad ve cómo los conflictos de convivencia crecen.
En suma, parece que tenemos un gobierno muy preocupado por cobrar impuestos y movilizarse electoralmente. Un gobierno ansioso por reglamentar a ciertos sectores a su entera conveniencia, pero no se ocupa de darle viabilidad a una ciudad que cada día ve cómo su vida cotidiana se deteriora más.
Analista
@leonardocurzio