Toda elección es un referendo sobre los logros de un gobierno saliente y el destino de sus promesas originales. En México, ese diagnóstico es aún más importante porque una de las candidatas presidenciales mantiene como propuesta central la continuidad del proyecto actual, sin mayores matices. Con la cercanía de los tres debates presidenciales, es el momento de llegar a conclusiones. La agenda mexicana es grande, pero quizá ningún tema sea tan importante como la seguridad.
En su libro “2018, la salida: decadencia y renacimiento de México”, Andrés Manuel López Obrador prometía un destino muy diferente para la tranquilidad de los mexicanos. “En 2024 la delincuencia organizada estará acotada y en retirada”, aseguraba López Obrador. “Los índices delictivos serán 50 por ciento más bajos en comparación con el actual periodo de violencia (…) Ya no será México el país de la violencia, de los desaparecidos y de la violación de los derechos humanos”.
López Obrador faltó a esa promesa.
México sigue siendo el país de la violencia, de los desaparecidos y de la violación de los derechos humanos. Los índices delictivos siguen siendo alarmantes, en algunos rubros hasta el horror. Y, por supuesto, la delincuencia no está no acotada ni en retirada. Al contrario: aunque los expertos debaten a cifra definitiva y el alcance de conceptos como ”control territorial y político”, la realidad es que el crimen organizado somete a un alto porcentaje del territorio mexicano al yugo de un Estado paralelo.
Semana a semana, México suma evidencia del riesgo que enfrenta el andamiaje del Estado mexicano. Los videos de extorsiones en Guerrero son sintomáticos de un derrumbe de años. Veracruz está en medio de una guerra entre grupos criminales. Tamaulipas se ha vuelto un infierno de nuevo. En los últimos días, a nuestro catálogo de impunidad se suma Sinaloa. ¿Qué calibre de vacío de autoridad tiene que suceder para que grupos criminales se sientan en libertad para secuestrar a decenas de personas, incluidos mujeres y niños?
En aquel libro de campaña, López Obrador fue un crítico implacable de la política de seguridad de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a los que acusaba de errores fundamentales en estrategia, comenzando por la desatención a las causas de la inseguridad. Hoy, López Obrador y Claudia Sheinbaum optan por minimizar el calibre de la crisis de finales de sexenio. Como estrategia de campaña, es natural. Pero es deshonesto. El país sigue sufriendo los embates de la violencia, los cárteles de la droga han diversificado sus negocios ilícitos y los territorios en disputa siguen sufriendo. Reconocer las deudas de un sexenio que ha fallado debería ser el punto de partida racional y digno para construir un camino hacia una política de seguridad más allá de intereses personales o partidarios. Lo que tenemos, en cambio, es negación conveniente.
Esa evasión sistemática es el trabajo de los políticos. El trabajo de los electores es la reflexión responsable de lo que se prometió y lo que se consiguió. En el primer debate presidencial que ya se acerca, Claudia Sheinbaum tendrá que defender el legado y las políticas de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Como postulante de la continuidad, es su tarea ineludible. Será tarea de sus rivales mostrarle las facturas del gobierno que pretende extender. También estarán ahí los moderadores, profesionales del periodismo que conocen la evidencia. Para el sexenio de López Obrador, es la hora del examen. En seguridad y en todo lo demás. Hubo muchas promesas. El libro tiene 278 páginas.
