Esta semana realicé un primer ejercicio de rendición de cuentas, con base en el artículo 6o., apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En un corte cuatrimestral de labores, informé que me han guiado tres principios en las funciones jurisdiccionales: justicia social, austeridad y transparencia.
Con base en la justicia social —entendida como derecho a la igualdad, acceso de todas las personas a ejercer sus derechos fundamentales—, en el periodo participé en el estudio, deliberación y votación de 490 asuntos: 51, en 28 sesiones ordinarias de Pleno, y 439, en 10 sesiones de la Segunda Sala.
En estas sesiones, presenté 39 proyectos de sentencia, 100% de los cuales fueron aprobados.
Elaboré 13 votos particulares y concurrentes para expresar mi disenso en la invalidación de la Ley de la Industria Eléctrica, deducciones fiscales, un pago de impuesto predial por 3,575 millones de pesos de la empresa CFE Generación VI y la invalidación de diversas leyes “por proceso legislativo”.
Informé que, en total, se me han asignado 156 asuntos, de los cuales, he emitido 39 sentencias que, al 15 de abril, sumarán 53 en total (ya enlistadas), además de que se encuentran en instrucción 38 acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
En cuanto a la revisión de sanciones impuestas por el Consejo de la Judicatura Federal a personas juzgadoras, he respaldado la totalidad de las sanciones administrativas impuestas y votado en contra de la impunidad. Por eso, presenté voto particular contra la resolución de exonerar a personas servidoras públicas que fragmentaron adquisiciones para evitar licitaciones y adjudicaron en forma directa contratos a particulares que habían sido sancionados e inhabilitados previamente en reiteradas ocasiones por la Secretaría de la Función Pública.
Reconocí y agradecí al equipo de la ponencia, conformado por 50 personas, su colaboración, entrega y compromiso, así como su firmeza en el cumplimiento de la Constitución y las leyes de remuneraciones y de austeridad vigentes, dado que renunciaron a recibir un seguro de gastos médicos mayores y un seguro de separación individualizado, así como bonos que superaban el salario del Presidente de la República, expresamente prohibidos en las leyes.
Comenté que he ajustado mis remuneraciones al límite del artículo 127, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la devolución excedente ante la Tesorería de la Federación.
Por las siete quincenas que he recibido hasta la fecha, he devuelto 256,629 pesos en efectivo y he dejado de percibir prestaciones (seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, pago por riesgo, gastos de alimentación y medicamentos no cubiertos por el seguro de gastos médicos mayores) cuyo costo ascienden a 705,863.78 pesos. En total, he ahorrado a la Suprema Corte (al erario) un gasto de 962,492.78 pesos, que al 15 de abril próximo ascenderán a 1,198,363.86 pesos. Comenté que estos recursos equivalen al pago de pensión universal por cuatro meses a 100 personas adultas mayores. Finalmente, mencioné que he insistido en la necesidad de transparencia en las funciones jurisdiccionales. Por ello, solicité dar cumplimiento al artículo 94, párrafo cuarto, de la Constitución, con relación a hacer públicas las sesiones de las Salas de la Corte. Y he solicitado la celebración de audiencias públicas sobre los asuntos de relevancia nacional.
