El 24 de octubre pasado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó su proyecto de presupuesto para 2025, por 5,923 millones de pesos, 135.8 millones, 2.3%, por encima del autorizado para 2024.
En su momento, insistí en la supresión del seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado para los trabajadores sin condiciones generales de trabajo, en virtud de la prohibición expresa de contratación de esos conceptos en el artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como prestaciones no presupuestadas expresamente que perciben ministras y ministros por encima del monto de remuneraciones de la persona titular de la Presidencia de la República.
Tal como indica el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), cada año el Poder Judicial envía su proyecto de presupuesto a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal para que lo integre al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que debe remitir a la Cámara de Diputados, que debe aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre, conforme al artículo 74, fracción IV, de la CPEUM.
Al discutir dicho proyecto, la Cámara de Diputados decidió recortar 12.7% el presupuesto para la Suprema Corte. En consecuencia, el 9 de enero, la Corte analizó diversos conceptos para reducir su gasto, entre los cuales incluyó gastos de materiales de construcción, de impresiones y de comunicación social. Sin embargo, también integró el recorte de 50% del presupuesto del comedor para los trabajadores y la supresión del bono de fin de año para los trabajadores operativos de niveles de PO33 al MM14, cuya entrega quedaría “sujeta a disponibilidad presupuestaria”.
Voté en contra y propuse que se votara que en vez de estos dos rubros, se suprimieran los montos destinados a: a) Apoyo de comidas para ministros y ministras (hasta enero del año pasado, $85,000 por persona); b) Seguro de separación individualizado para quienes no lo tenemos por Condiciones Generales de Trabajo; c) Seguro de Gastos Médicos Mayores para quienes no lo tenemos por Condiciones Generales de Trabajo; d) Medicamentos no previstos en el seguro de gastos médicos mayores, y e) Colegiaturas en escuelas privadas. Desafortunadamente, el pleno votó expresamente en contra de esta propuesta.
La semana siguiente, el Consejo de la Judicatura Federal votó el recorte de más prestaciones para los trabajadores de juzgados y tribunales federales, que afectaría la aportación institucional para el fondo de reserva individualizado de los trabajadores.
Ante la protesta de los trabajadores del CJF y su sindicato, se tuvo que revirar, afortunadamente. Sin embargo, este órgano de administración no ha informado aún qué conceptos reducirá de su presupuesto para compensar el 17% que buscaba obtener mediante la afectación de prestaciones laborales. Este caso es grave, dado que ni las personas titulares del Tribunal Electoral ni las correspondientes del CJF han tocado un solo peso del excedente que siguen recibiendo por encima del límite señalado en el artículo 127, fracción II, de la CPEUM.
¿Cómo es que el concepto de justicia de las personas titulares del Poder Judicial no alcanza aún por sus propias remuneraciones? ¿Cómo es que aún no atraviesa el concepto de equidad social? Una importante razón más para festejar la reforma judicial, que volvió a legislar esta obligación que desde hace 15 años se niegan a cumplir casi todos los responsables de la justicia.
Ministra SCJN