Hoy empieza la campaña electoral para los históricos comicios de juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros del Poder Judicial de la Federación mexicanos.
Ha tenido que pasar más de un siglo para dar continuidad al voto de personas juzgadoras en nuestro país, ahora universal y directo, a diferencia del que llevó a Benito Juárez, Ignacio Vallarta e Ignacio Ramírez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Después de un año de intenso debate sobre el Poder Judicial y su democratización, ahora casi nadie duda de la urgencia de la reforma, ante los abundantes datos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, extralimitación e invasión de facultades, lentitud, clasismo, racismo y sexismo en su actuar cotidiano.
¿Qué debemos esperar del nuevo sistema de impartición de justicia?
En principio, debe garantizar el cumplimiento de la norma con apego a la Constitución, por supuesto, pero bajo la comprensión de los actos y hechos conforme al contexto social en que ocurren, así como de las condiciones de desigualdad entre las partes en conflicto. Si acaso la ley no es clara o deja lugar a la discrecionalidad, su interpretación debe favorecer al más débil, porque es él quien requiere la intervención del Estado para mitigar sus condiciones sociales.
A partir de mañana, estaremos recorriendo calles en la mayor parte del territorio nacional posible ante un esquema de restricciones nunca antes visto en elecciones de nuestro país. No ayudará a ampliar la información, ni garantizará igualdad en los comicios, pues podrá hacer más, quien tenga más ingresos propios.
Desde ya estaré insistiendo en tres ideas:
1. Justicia social. Nadie puede ejercer derechos y libertades individuales si no tiene resueltas sus necesidades básicas. Por ello, el Poder Judicial debe contribuir a combatir la principal injusticia de la sociedad: la desigualdad. Debe formular criterios jurisdiccionales que coadyuven a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales: educación, salud, vivienda, alimentación, agua, trabajo, seguridad social, cultura y medio ambiente sano, en armonía con las facultades de los otros poderes.
2. Acceso a la justicia. El Estado mexicano debe organizar las defensorías públicas, las comisiones de derechos humanos y las procuradurías en la defensa y representación de la ciudadanía en general para garantizar que toda persona tenga la posibilidad de denunciar o defenderse en juicio. El Poder Judicial, por su parte, debe invertir en tecnología para desarrollar y articular la mayor cantidad de instrumentos pedagógicos y formularios accesibles para permitir la actuación de la ciudadanía en los juicios o alguna de sus etapas en que sea posible.
En la formulación de las sentencias, el Poder Judicial debe dejar de priorizar los procedimientos y privilegiar el fondo sobre la forma. Los jueces mexicanos saben de términos, recursos y causales de improcedencia y sobreseimiento más que cómo y con qué argumentación hacer frente a la solución de los conflictos bajo su criterio.
3. Austeridad. Es indispensable que el Poder Judicial ingrese a la lógica del aparato del estado mexicano en su conjunto y cumpla con su obligación de administrar los recursos del Poder Judicial con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Debe priorizar el uso del presupuesto en el adecuado servicio de justicia, tanto en infraestructura para atender al público, como en el desarrollo de instrumentos que faciliten su acceso. Debe apegarse de una buena vez a la obligación constitucional de otorgar remuneraciones adecuadas y proporcionales conforme al límite establecido (la remuneración de la presidenta de la República). Y tiene que erradicar los abusos y privilegios para los titulares de juzgados, tribunales y Suprema Corte, así como su alta burocracia.
Los magnates de nuestro país no son quienes han necesitado al Poder Judicial para satisfacer sus necesidades, pero son los únicos que han contado con sus servicios. El gran reto es lograr la justicia para el pueblo mexicano.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
