Al Poder Judicial de la Federación actualmente lo caracterizan muchos abusos, algunos de los cuales he ido abordando a lo largo del año en esta columna.
Entre esos abusos se encuentran las extralimitaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como la masacre legislativa que lleva a cabo desde el inicio del presente sexenio, con un incremento general de 74% de leyes declaradas inconstitucionales y 600% más sólo por “vicios en el procedimiento legislativo”, respecto de los periodos anteriores (1995 a 2018); la constante “reviviscencia” de leyes o normas expresamente derogadas o abrogadas, una nueva práctica de la Corte; la invención de un concepto de democracia, contra cuyas reglas (también inventadas por la Corte) califica la constitucionalidad de leyes; su falta de transparencia, como las sesiones cerradas de sus salas, en contravención constitucional; la ponderación de los derechos de las empresas por encima de los derechos universales de la población o la ausencia de protección al interés público o social, cuando se trata de resolver sobre fraudes administrativos o evasiones fiscales, así como despojos a ejidos o invasiones a áreas naturales protegidas.
También me he referido a extralimitaciones del Poder Judicial de la Federación en su conjunto, como en la falta de paridad de género en sus órganos; el constante incumplimiento a las leyes que le son aplicables, como la de remuneraciones, la de presupuesto o la de austeridad; la interpretación abusiva de sus propias facultades, al otorgar suspensiones ajenas a la ley de amparo o de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional o dar a sus miembros interpretaciones que no aplica para el resto de los mexicanos, como en el trato de los trabajadores de confianza, a quienes ha retirado cualquier derecho adquirido, o a los trabajadores al servicio del Estado, como a policías y maestros, a quienes validó las reformas que les retiraron los derechos laborales, o a pensionados, que envió al régimen de cuentas de ahorro individualizado, mientras que a jueces, magistrados y ministros paga pensiones directamente de su presupuesto.
En fin, el delirio que provoca tanta exención del régimen jurídico que les aplica a los otros poderes o a la sociedad en su conjunto, ha generado ahora que se esté excluyendo de las obligaciones laborales para protestar políticamente.
Incluso, que se pretenda dar validez jurídica a principios que permanentemente desechan respecto de los casos que resuelven, como la expectativa de derecho a la que ha pretendido dar valor de norma, cuando los trabajadores a quienes han presionado a manifestarse no obstante que no tienen afectaciones a sus derechos, dicen que la reforma les restringe su derecho a ser juez o magistrado en el futuro.
En las últimas semanas seguimos observando soberbia. La Corte fue incapaz de hacer una propuesta de reforma al Legislativo y los jueces se dieron el permiso de protestar mientras siguen cobrando los excepcionales salarios que reciben. Además, se envió a los trabajadores a ejercer un permanente sabotaje a la discusión externa sobre la reforma. Todo esto ratifica la urgencia de reformar este poder.
Cada día son más las necesidades que siguen sumando temas a la reforma judicial en una segunda fase, una vez que sea aprobada la reforma constitucional.
Ministra SCJN
