Este lunes inicia la 12a. Época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la integración de los primeros ministros y ministras que hemos pasado por las urnas.
Durante la campaña y en este mismo espacio, he comentado que considero que remontar a la SCJN (supuesto de la reforma misma) significa generar una Corte para la sociedad en la forma y en el fondo; en la forma, abriendo el acceso de la justicia a quienes más la requieren, es decir, a quienes viven injusticias; en el fondo, construyendo la justicia social desde siempre ausente en los juzgados de nuestro país.
Hemos comentado que acceso a la justicia significa que todas y todos podamos presentar demandas y defendernos de ellas en los tribunales de nuestro país. Justicia social, a su vez, implica construir el entramado doctrinario de justicialización de los derechos sociales: los universales y los dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad.
Además, una nueva SCJN debe extirpar la corrupción y actuar bajo el principio de la austeridad, como orden la ley. En cuanto a la corrupción, en el Poder Judicial, tiene distintas modalidades. La primera es la más conocida: abuso en el uso de los recursos públicos: remuneraciones que exceden el límite constitucional, privilegios para las personas juzgadoras y la alta burocracia, adquisiciones injustificadas. También existe otra corrupción socialmente muy lesiva, la que comercia con los derechos de las personas cuando se tuerce ley: tráfico de influencias, conflicto de interés.
En cuanto a la austeridad, además de tratarse de una obligación legal, es un principio que enaltece la vocación de servicio que toda persona servidora pública debe recordar permanentemente.
Esas, insisto, deben ser las prioridades de la próxima SCJN: acceso a la justicia, justicia social, austeridad y combate a la corrupción.
Esas prioridades atraviesan, en lo inmediato, desterrar las interpretaciones más constantes y abusivas en que incurrió la vieja Corte en los últimos años:
• “Democracia deliberativa” para invalidar leyes locales y federales. De 2019 a 2024, se invalidaron 12 leyes por incumplimiento de supuestas reglas de la democracia deliberativa, establecidas en jurisprudencias de la propia Corte, sin sustento constitucional o legal e invadiendo las facultades de autonomía de los congresos de nuestro país.
• Invalidez de leyes por falta de consulta indígena. Este fue el motivo para invalidar 55 leyes que de 2014 a 2024 fueron aprobadas en congresos federal y locales para garantizar o ampliar derechos de los pueblos o comunidades indígenas, como la obligación de partidos políticos para postular candidaturas indígenas, el ejercicio directo de gasto público para las comunidades indígenas, la obligación de impartir educación indígena y pluricultural, e incluso el derecho mismo a la consulta indígena.
• “Reviviscencia” de leyes, que se determina cuando se resuelve su inconstitucionalidad y, en vez de respetar lo que determine hacer el Legislativo al respecto, la Corte ha suplantado la función legislativa determinando revivir la norma anterior expresamente derogada o abrogada por el Poder Legislativo. De 2019 a 2024, se revivieron 18 normas generales, mientras que de 1995 a 2018, se habían revivido cinco.
• “Invalidez por extensión” de leyes, respecto de las que fueron impugnadas. La ley permite invalidar por extensión normas “dependientes” de las que se están invalidando, pero la SCJN ha extendido esta facultad para invalidar normas de la misma jerarquía de manera oficiosa. De 2019 a 2024, se invalidaron 79 leyes por extensión.
• Test de proporcionalidad como metodología favorita, casi obligatoria, para determinar la “ponderación” de derechos humanos, igualando, entre ellos, los ejercidos por personas humanas y derechos de empresas, como la libre competencia económica, asumiendo que entre ellos es posible alguna ponderación.
Un gran resultado de la elección de ministras y ministros será mostrar que se pueden cambiar instituciones atrofiadas productoras de injusticias.
Llegó la hora.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación