Este 24 de enero, conmemoramos el Día Internacional de la Educación, buena ocasión para pensar la escuela, no solo como conjunto de aulas, sino como materialización de decisiones colectivas, construcción de espacio social, donde se forjan las ideas que definen la historia.
Desde el siglo XIX, la educación ha sido una preocupación central en la consolidación de nacional, lo que se ha visto reflejado en el constitucionalismo mexicano.
El texto vigente del artículo 3o. es la síntesis de más de siglo y medio de debates sobre libertad de enseñanza, laicidad, gratuidad, obligatoriedad y, más recientemente, derechos humanos e igualdad sustantiva.
La Constitución de 1857 consagró la libertad de enseñanza y estableció la educación oficial como laica y gratuita en el nivel primario, y sometió a las escuelas particulares a la vigilancia estatal. El Estado, como centro del sistema educativo mexicano, fijaría el horizonte de la enseñanza como servicio público, aunque todavía con cobertura restringida.
La Constitución de 1917 consolidó la libertad de enseñanza, la gratuidad y la laicidad como base de la educación mexicana.
Las reformas posteriores al artículo 3o. sirvieron para moldear el proyecto de nación.
En 1934, el cardenismo dotó a la educación de un carácter socialista, para combatir el fanatismo y los prejuicios, y dotar al Estado del control de la educación básica y normal.
En 1946, la educación se convirtió en democrática, nacional y humanista, orientada al desarrollo armónico de las facultades de la persona, el amor a la patria y la solidaridad internacional.
En 1980 se incorporó la autonomía universitaria, con el reconocimiento de la libertad de cátedra, de investigación y el autogobierno de las instituciones de educación superior.
La reforma de 1993 explicitó el derecho de toda persona a recibir educación, hizo obligatoria la secundaria y transformó la responsabilidad del Estado de impartidora a reguladora de la educación. La formación básica se descentralizó y se abrió el registro masivo de opciones de educación privada.
En 2002 y 2012, se estableció la obligatoriedad del nivel preescolar y de la educación media superior.
La reforma de 2013 introdujo la noción de "educación de calidad" y creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, cuyo objetivo era terminar de desmontar la educación normal y terminar de privatizar la formación pedagógica.
En 2019, se reconfiguró el sistema educativo nacional con una nueva reforma al artículo 3o. constitucional. Se reconoció la educación inicial como derecho y la obligación del Estado se extendió para garantizar gradualmente la educación superior gratuita. El texto sustituyó la categoría de "calidad" por la de "excelencia" (entendida como mejoramiento integral constante) e incorporó un enfoque explícito de derechos humanos. Además, se reconoció al magisterio como agente de transformación social.
En 2024, se profundizó la educación inclusiva, equitativa y humanista, con el impulso de la educación indígena y afromexicana; el reconocimiento de las lenguas originarias como medios y objetos de conocimiento, y la definición del interés superior de la niñez y la juventud, en el horizonte de la igualdad sustantiva.
El diseño constitucional mexicano es hoy uno de los más avanzados de la región. Reconoce la educación como derecho humano; impone al Estado obligaciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad; protege la laicidad y gratuidad, y extiende la obligatoriedad a casi toda la trayectoria escolar.
La educación deja de ser un privilegio, para convertirse en eje de ciudadanía que ayudará a desmontar la profunda desigualdad de nuestra sociedad.
Ministra SCJN