La Ciudad de México es una de las entidades —en el país y en América Latina, con mayor número de políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Este dato, junto con lo que recientemente presumieron el jefe de gobierno Martí Batres y la Fiscalía General de Justicia a cargo de Ernestina Godoy, de haber registrado una reducción del 37% en feminicidios entre 2020 y 2023, y haber vinculado a proceso a 57% más de agresores pero con una disminución en el número de víctimas —de 60 a 38, los dejaría bien parados. Extraño resulta cuando casi al mismo tiempo, el Centro Wilson de Estados Unidos señala que los casos de feminicidio en el país siguen en aumento, pero no solo eso, sino que las fiscalías locales están tipificando a los asesinatos de mujeres como homicidios dolosos y no como feminicidios. ¿Es decir que la CDMX está actuando de manera más eficiente porque vincula a más agresores a proceso bajo feminicidio? ¿Y que serviría homologar el delito a nivel nacional teniendo como ejemplo a la capital? ¿Es decir que, al haber menos víctimas de feminicidio pero más vinculados a proceso por este delito, exactamente qué? Esas preguntas quedan al aire, mientras la fiscalía de Godoy afirma que incorporó la perspectiva de género en todas sus actuaciones —cosa que es inverosímil no por falta de voluntad de la fiscal, sino porque el terco sistema patriarcal no se ha logrado eliminar por completo de ninguna instancia gubernamental (ni empresarial) de este país. Pero más allá de eso, lo que sí no existe es la evaluación adecuada de las políticas públicas en materia de género. No en México, como no en muchos países de América Latina. Así lo expone el reporte “Revisión de la literatura: enfrentamiento de la violencia contra las mujeres del Instituto Igarapé, publicado esta semana. Según EVA, la plataforma del mismo instituto, ocho de cada diez iniciativas para combatir la violencia contra las mujeres no presentaron resultados públicamente, y solo 9% de ellos fueron evaluados. Es decir, muchas políticas públicas no finalizadas, no evaluadas, no transparentadas. La historia de siempre. Más politiquería que soluciones públicas. Más despilfarro que eficiencia. Si bien el análisis de Igarapé abarca otras partes del mundo, cabe mencionar que la mayor parte son de iniciativas en América Latina. Ahora, de lo que puede ajustarse a México, y ee lo que sí se evalúa, sabemos que de las intervenciones en los espacios públicos, hay uno en especial que no funciona en los medios de transporte, y es el de separar a hombres y mujeres para que ellas no sean violentadas. Sabemos que una parte importante de la violencia contra las mujeres ocurre en los desplazamientos. La medida fácil han sido los vagones rosas del metro, por ejemplo. Si bien hay resultados positivos en relación a la incidencia de violencia en esos medios en específico, “no genera ningún efecto en el resto del día ni en otras áreas donde no hubo separación”, dice el reporte. “En algunos casos, incluso se produjo un aumento de la violencia contra las usuarias que no utilizaban el área exclusiva para mujeres”. Además, en algunas localidades se reporta cómo las mujeres terminan eligiendo un trabajo o una escuela de menor calidad porque conocen los riesgos en el transporte público que las llevaría a ese mejor destino. ¿A estas alturas es todo lo que podemos hacer, pintar vagones color rosa? Otro hallazgo interesante es el que se refiere al empoderamiento económico. Son las políticas públicas que capacitan en temas de finanzas y entregan apoyos económicos a las mujeres las que mejor funcionan para la reducción de la violencia contra ellas. Sabemos bien de los apoyos económicos a nivel federal como la pensión del Bienestar de los Adultos Mayores o el de Jóvenes Construyendo el Futuro de este gobierno, y sabemos bien que ninguno tiene perspectiva de género. ¿No podrán aplicarla? ¿A estas alturas no podrán aplicarla? En año electoral quedan más preguntas que respuestas con respecto a la lucha contra la violencia de género. Ser la ciudad con más políticas públicas a este respecto no sirve de nada ni dice nada si no se transparentan y no se evalúan. Así, hasta ahora, con toda la faramalla más que resultados, queda más desconfianza que certeza sino es que queda absoluta desconfianza.
