El 25 de noviembre de 1999, la Asamblea de las Naciones Unidas declaró el día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, momento en que un número importante de organizaciones feministas recordaban con gran indignación el asesinato de las tres hermanas Mirabal en la República Dominicana durante el trujillismo. Desde hace más de un siglo miles de mujeres han levantado la voz para reclamar lo que por derecho nos pertenece; vivir tranquilas y seguras. El reciente acoso público y la denuncia de nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, nos ha recordado de la manera más cruda que la lucha por la dignidad y el respeto a las mujeres está lejos de concluir. Que este lamentable suceso le ocurra a la máxima representante de la nación no hace sino reafirmar que el acoso y la violencia machista son un flagelo estructural en México y, de manera más amplia, en toda América Latina.
Como profesora de diversas asignaturas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, he compartido con mis alumnas y alumnos la trayectoria de los movimientos sociales organizados por miles de mujeres en América Latina; quienes trabajan de manera colectiva desde diferentes frentes para combatir la herencia del patriarcado, que exige una respuesta estructural, firme y sin fisuras. Se ha demostrado que para el avance de una política de género se requiere de la cooperación de los estados de la región, como un imperativo democrático y de derechos humanos ineludible.
Con la llegada de la Presidenta Sheinbaum, este compromiso no solo se mantiene, sino que se ha profundizado significativamente. De manera decidida, la Presidenta pone los derechos de las mujeres como uno de los principales focos de su gestión, relevando con ello la lucha histórica de las mujeres, los movimientos feministas mexicanos y latinoamericanos. En el ámbito socioeconómico, esta transformación ha sido instrumental al impulsar leyes clave para la igualdad salarial y la prevención de la discriminación laboral, reconociendo el rol esencial y productivo de la mujer en el desarrollo nacional. Un ejemplo tangible de esta justicia social es el impacto de programas como la Pensión para el Bienestar, donde el 56% de las beneficiarias son mujeres, un factor crucial para asegurar su autonomía económica en sus hogares. Estos esfuerzos se complementan con un fortalecimiento legislativo con perspectiva de género, orientado a salvaguardar los derechos de las mujeres indígenas y de la diversidad, lo que representa un hito en la reconfiguración de la estructura del Estado mexicano.
El proyecto de gobierno está firmemente resuelto a ir más allá del reconocimiento económico y social, impulsando medidas concretas de prevención y seguridad contra la violencia de género. Por ello, se vuelve imperativo endurecer las leyes contra el acoso sexual callejero, agilizar los mecanismos de denuncia y lanzar una campaña profunda que asegure un cambio cultural, alineando el compromiso interno de México con la Política Exterior Feminista y los esfuerzos regionales por desmantelar un patrón que obstaculiza la democracia continental.
Ante esta crisis estructural, la acción sancionadora, por sí misma, resulta insuficiente si no abordamos la raíz cultural del problema. Es precisamente en este punto donde la educación con perspectiva de género y las universidades se erigen como frentes estratégicos e ineludibles para la prevención. Soy consciente de que las Instituciones de Educación Superior son pilares fundamentales del cambio, no solo porque forman a las futuras generaciones, sino porque sus propios campus son escenarios de violencia. Se estima que cerca del 40% de las universitarias sufren acoso, según datos recabados por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en 2023. Por ello, es imperativo establecer la capacitación obligatoria del personal, simplificar los protocolos de denuncia y, esencialmente, garantizar la inclusión transversal de la perspectiva de género en todos los planes de estudio.
Finalmente, la lucha exige una colaboración continental robusta y coordinada. México, al igual que otros países de América Latina, ha impulsado la paridad y ha sido motor de grandes movimientos sociales como 'Ni Una Menos'. Como representante de México en Chile, a través de la embajada, impulsamos acciones que propicien mecanismos para lograr un Frente Común de América Latina para Erradicar la Violencia de Género. Un ejemplo de esto es la celebración del taller “Diálogo consular y comunitario para prevenir, atender y erradicar la violencia de género”. El encuentro forma parte de un esfuerzo conjunto –Comuna de San Joaquín y organismos internacionales- para promover la corresponsabilidad institucional y comunitaria en la atención a mujeres víctimas de violencia de género.
Solo mediante políticas internas firmes, impulsadas desde el gobierno federal, y una coordinación educativa y diplomática eficaz entre todas las naciones, podremos erradicar este flagelo compartido y construir un continente donde la dignidad y la seguridad de la mujer sean la norma.
Embajadora de México en Chile