La economía mexicana enfrenta un estancamiento estructural. El muy magro crecimiento logrado en 2025 de 0.7%, el menor desde 2020, se torna muy preocupante cuando se suman siete años ya con un avance del ritmo económico, en promedio, menor a 1%, y cuando es evidente que el motor interno está “apagado”. Un país con esa dinámica, simplemente no va a ningún lado; es decir, ni siquiera puede hacer frente al crecimiento poblacional con todos los costos que esto implica, incluyendo el deterioro de Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y a la larga del desarrollo económico.
Es la caída de la inversión la causa de esta atonía. La privada se redujo el año pasado en 4.9% y la pública se desplomó en 14.6% (y casi de 29% entre 2024 y 2025).
El declive del consumo, pero particularmente de la inversión productiva ha golpeado el empleo formal. De las 278 mil 697 nuevas plazas en 2025, estas fundamentalmente se explican por la inclusión de trabajadores de plataformas digitales que añadió a la numeralia, pero no a la creación de nuevos empleos, que solo se reduce a una cifra de 72 mil 176 posiciones. Lo que, a su vez, explica el elevado nivel de informalidad existente: 55.4% de la población ocupada en México trabaja sin prestaciones o seguridad social.
El deterioro continuado de la formación bruta de capital, está íntimamente vinculado a la incertidumbre asociada a la política comercial de Estados Unidos, porque si bien hemos sido de los países con un menor arancel promedio que otros, la reciente aplicación de tarifas a productos asiáticos por la alineación a nuestro principal socio comercial, es una amenaza real para la desarticulación de la competitividad de nuestra manufactura. Ello porque encarecería materias primas críticas, que no tenemos la capacidad de producir. Asimismo, la reforma al sistema judicial, la discusión de la reforma electoral y la renegociación del T- MEC han incidido en un ambiente incierto, que no han favorecido la inversión.
El Plan México y la reciente convocatoria presidencial para que la iniciativa privada se sume al Plan de Infraestructura, son esfuerzos innegables para reencarrilar al país al sendero del crecimiento. Empero no basta con un buen proyecto o proyectos, para entusiasmar al mercado, hay que crear las condiciones adecuadas. Para lograrlo se requieren reglas claras y certidumbre jurídica, cuando esto ya se ha señalado hasta el cansancio. El marco regulatorio y la transparencia son vitales para cualquier decisión de inversión que responde a incentivos no solo a retornos y entonces resulta imprescindible revisar el diseño institucional, porque hay que hacer correcciones a acciones anteriores hechas quizás “con la mejor intención, pero que no han funcionado”, por no dejar más espacio y libertad al capital y empecinarse con un férreo control estatal. Enmendar no es claudicar, ni alejarse de los principios rectores del bienestar, particularmente importantes de cara a la revisión del T-MEC.
El mensaje es claro, reactivar la confianza para que la inversión despegue. La política económica llega a “un tope”, cuando no hay credibilidad. No hay contrato que resista la ausencia de ésta, por su costo y complejidad.
Catedrática de la Anáhuac Graduate School of Business de la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad Anáhuac México y consejera independiente