Fernando Barrientos del Monte/Latinoamérica21
El 3 de diciembre se llevó a cabo un referéndum consultivo en Venezuela relativo al territorio de la Guyana Esequiba disputado con la República de Guyana. Las cinco preguntas que se pusieron a votación se resumen en estar a favor o en contra de que Venezuela integre ese territorio y desconocer la delimitación derivada de un laudo de 1899. Según datos oficiales, el sí ganó rotundamente. Si bien los medios no gubernamentales reportaron una marcada baja participación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) señaló que habían votado poco más de 10.5 millones de personas, es decir, el 50% de los electores registrados. Empero, extraoficialmente, se calcula que apenas votaron poco más de 2 millones, en su mayoría empleados de gobierno y militares obligados por las autoridades gubernamentales.
Además de las particularidades de la “disputa territorial” entre Venezuela y Guyana, los datos sobre la participación llaman la atención por un detalle poco visible. En dicho referéndum se utilizó el sistema de urna electrónica con pantallas táctiles que registra el voto de manera directa e imprime comprobantes que después son depositados por los electores en las urnas. Este sistema se ha utilizado desde 2004, sustituyó el escaneo óptico de votos aplicado entre 1998 y 2003 pero no era muy confiable. A partir de 2012 se automatizó completamente el sistema de gestión electoral: votación, escrutinio, totalización, adjudicación y difusión de resultados. ¿Por qué es importante señalar el sistema de votación electrónica?
Este sistema ha sido puesto en duda desde las elecciones de 2013 debido a que su transparencia depende de la autoridad electoral, encargada tanto de su implementación como de la declaración de los resultados. El CNE se ha ufanado de su estabilidad y seguridad, pues además de imprimir el voto como mecanismo de verificación, tiene un sistema de energía de respaldo y los datos se transmiten por satélite o líneas de teléfono únicas y no por internet.
Si bien la oposición ha denunciado fraudes electorales, no se referían a la manipulación de los resultados, sino a recortes en las listas de votantes, usurpación de identidad de electores y seguidores del oficialismo que votaban más de una vez. Mantener el sistema de votación electrónica se había considerado como una ventaja para obtener pruebas de manipulación de actas o en el escrutinio de votos; regresar al sistema manual facilitaría el fraude electoral, por ello nunca se puso en duda. Incluso las denuncias de hackeo del sistema o manipulación del software solo se han quedado en meras especulaciones, a pesar de las irregularidades detectadas.
Empero, los resultados del referéndum sobre la Guyana Esequiba dejan una lección muy clara: los sistemas de votación electrónica no son inmunes a la manipulación electoral. El fraude lo operan quienes gestionan las elecciones y emiten los resultados. Los sistemas de votación electrónica pueden convertirse en una pantalla para aparentar integridad. Esto ya se había detectado por parte de la empresa Smartmatic, la misma que diseñó el sistema que utiliza el CNE, en 2017, cuando se eligió la Asamblea Constituyente el 30 de julio. El sistema había contabilizado 6.5 millones de votos, pero la presidenta del órgano electoral, Tibisay Lucena, declaró 8 millones. En las elecciones para gobernadores en octubre de ese mismo año en el estado de Bolívar, 13 máquinas imprimieron las actas, pero agentes militares no permitieron la transmisión automática de la información, sino que lo hicieron manualmente adulterando los resultados y favoreciendo al candidato oficialista e impidiendo el triunfo del candidato opositor, cuyos representantes contaban con las actas que habían emitido las urnas electrónicas.
Además de Venezuela, solo Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Estonia, Filipinas e India han implementado el voto electrónico a nivel nacional. Estonia es pionero: en 2005 se convirtió en el primer país en permitir el voto por internet, e incluso utiliza un sistema de código abierto disponible a cualquier escrutinio público. En las elecciones de 2019 el 44% del electorado votó por internet, utilizando solo su identificación, una conexión a internet y un código PIN. En Brasil se usan urnas electrónicas desde 1996, y desde el año 2000 se utiliza la identificación biométrica, la impresión del voto o no ha sido un tema de avances y retrocesos legales en ese país, pero hasta la fecha se ha implementado progresivamente en todas las elecciones. En México hay diversos proyectos de urna electrónica tanto a nivel subnacional como a nivel nacional, puestos a prueba con éxito por las autoridades electorales desde inicios de siglo. Ya en las elecciones de 2021 el voto desde el extranjero se puede emitir por internet.
La implementación del voto electrónico no un proceso lineal: inicialmente no es social y políticamente aceptado, pero tampoco es un proceso que forzosa y necesariamente deba incorporarse en todas las democracias. En países como Holanda –desde 1965– y el Reino Unido –2000 a 2007–, países cuyas legislaciones permitían el voto electrónico, han debido regresar al sistema de lápiz y papel debido al rechazo social y las sospechas de fraude. “En Holanda sabemos usar papel y lápiz. El cielo no se cayó y no regresamos a la prehistoria”, rezaba una consigna. En Alemania, Noruega, Irlanda y Finlandia este sistema ha sido prohibido después de varias pruebas, y en su mayoría han sido organizaciones ciudadanas, muchas de ellas encabezadas por ingenieros en sistemas, las que han levantado la voz y presionado a los gobiernos para que no se implemente.
Las elecciones son un proceso complicado, y las nuevas tecnologías agregan más complejidad. Los riesgos de fraude pueden aparecer por prescindir de las papeletas de verificación y por la misma complejidad del software utilizado, que depende de especialistas que pueden ser también manipulados. Ahora bien, cualquier nueva tecnología aplicada a los procesos de gestión de las elecciones, como el novedoso blockchain, es factible de utilizarse, pues existen diversas aplicaciones cotidianas en las cuales está presente y ofrece mayor seguridad. El dilema de las nuevas tecnologías no es su factibilidad técnica, sino su uso político. Allí donde se ha rechazado la votación electrónica no fue por el sistema en sí, sino por las sospechas de que puede ser manipulado.
Votar no es una cuestión técnica, es un acto político con consecuencias sociopolíticas muy amplias. Sea por medio de internet como hoy lo podemos hacer, o con fragmentos de cerámica (ostraka) como lo hacían los antiguos griegos, las votaciones generan el mismo resultado: la expresión de una mayoría. La introducción de cualquier nueva tecnología puede hacer eficiente el proceso de gestión de las elecciones, pero no cambia su naturaleza política, y el caso de Venezuela es una muestra de que, incluso con urnas electrónicas, manipular las elecciones siempre es factible.
Fernando Barrientos del Monte es cientista político y profesor titular de la Universidad de Guanajuato (México). Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia (Italia). Sus áreas de interés son política y elecciones de América Latina y teoría política moderna.
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