El régimen lo vuelve a hacer, perseguirán a periodistas, activistas y disidentes, bajo el pretexto de que están atendiendo el tema de la seguridad. La realidad es que sólo quieren vigilar a quienes piensan distinto.
La titular del Ejecutivo federal presentó al Congreso mexicano dos iniciativas para expedir: 1) la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que crea un registro nacional de usuarios de telefonía móvil; y 2) la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que faculta a la Secretaría de Seguridad para requerir —bajo el pretexto de estar investigando— los datos biométricos (iris y retina de tus ojos, cara y huella dactilar) y datos personales de quien le plazca, esto, sin control judicial.
Claramente, ambas leyes son contrarias a los derechos a la privacidad y la intimidad, así como a la protección de datos personales. Pretenden que, sin que un juez lo autorice, tener vigilancia masiva sobre la ciudadanía, es decir, quieren implementar un Estado policial donde el gobierno mantenga un control estricto sobre la ciudadanía, suprimiendo sus derechos y sus libertades y desplegando mecanismos de acecho permanente.
Preocupa que las empresas privadas estarán obligadas a darle al gobierno toda la información que posean. Ningún mexicano estará exento de ser espiado, ya que la legislación que se propone es tan general, que establece que la Secretaría de Seguridad podrá requerir a las empresas “todos aquellos casos de donde pueda extraer indicios, datos y pruebas para las investigaciones”.
Ya eliminaron los contrapesos como el Poder Judicial. Ya destruyeron al Inai que era quien garantizaba la protección de los datos personales. Ahora quieren dotar al gobierno de facultades para vigilar a cualquier mexicano que les incomode. Buscan silenciar al periodismo de investigación que se realiza para sacar a la luz los actos de corrupción.
En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que creaba el Panaut (Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil), ya que vulneraba los datos personales y no garantizaba su protección. Hoy, nuevamente intentan crear este registro que claramente no es la solución para detener el incremento en la incidencia delictiva. Ni siquiera han podido bloquear las llamadas de celulares que se realizan desde los centros de reclusión para extorsionar a la ciudadanía, pero eso sí, ahora quieren tus datos biométricos y los de tu familia.
Todas las iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal han sido aprobadas por su mayoría legislativa en el Congreso, pero si aplican lo que han hecho de no moverle ni una coma, pondrán en riesgo la seguridad, el patrimonio y la integridad de los mexicanos y sus familias. Ante su posible aprobación, desde el PAN exigiremos que haya un resguardo riguroso de datos personales (el gobierno lamentablemente no tiene controles, por eso los han hackeado en múltiples ocasiones); asimismo, que sólo sean solicitados bajo estricto control judicial y que se respeten los derechos humanos y garantías constitucionales.
El pilón:
La reforma judicial sigue dando de qué hablar. Esta semana, se publicaron los listados de candidatos enviados por el Senado con errores. Es una raya más al tigre, ya que basta recordar todo el desaseo en la implementación de esa tóxica reforma: todos los candidatos son de Morena; no hay paridad en las candidaturas, ni están completas; hay una imposibilidad de que los candidatos tengan acceso a tiempo oficial en radio y televisión; no habrá PREP ni conteo rápido; los ciudadanos no contarán los votos; y los resultados se darán 12 días después. Aquí estaremos atentos a lo qué pasará la próxima semana.
Diputada federal. @kenialopezr
