Las próximas semanas serán cruciales en el Congreso de la Unión, tentativamente en ese periodo se discutirá una reforma electoral que tendrá un impacto determinante en la vida democrática del país.
En caso de darse dicha reforma, debe construirse a partir del acuerdo y no del avasallamiento; del diálogo y no de la confrontación; de la construcción colectiva y no de la imposición. Se trata de una decisión que definirá el rumbo institucional y político de México durante las próximas décadas y, precisamente por ello, debe edificarse con seriedad, apertura y sentido de Estado. Las reglas del juego electoral deben ser claras, compartidas y pensadas para todas y todos los mexicanos, sin exclusiones ni ventajas indebidas.
La Presidencia de la República ha anunciado su iniciativa y una vez que se presente se dará inicio al proceso deliberativo. Es indispensable recordar que las decisiones finales en materia de reformas constitucionales recaen en el Poder Legislativo y en las legislaturas de los estados. Por ello, es deseable —y profundamente responsable— que una reforma electoral de esta magnitud sea producto del consenso.
He hecho público un decálogo de principios político-electorales que considero debe contemplarse en la discusión, el primero de ellos establece que las mismas reglas deben aplicar para todos y que, por lo tanto, ningún jugador puede ser árbitro. En otras palabras, una reforma político-electoral debe ser aprobada mediante el consenso de todas las fuerzas políticas. Basta recordar que dos de las reformas electorales más importantes en la historia de nuestro país, las de 1977 y 1996, fueron aprobadas por unanimidad, esto es, por el gobierno en turno y por la oposición.
La necesidad de fortalecer la equidad en la contienda, rechazar el uso de recursos públicos con fines electorales y combatir la intervención del crimen organizado en los comicios, así como contar con autoridades electorales imparciales, autónomas y profesionalizadas, obliga a que se contemple la visión de todas las fuerzas políticas.
En esta discusión no sólo deben ser escuchadas, sino efectivamente consideradas, tanto el enfoque de la coalición gobernante, conformada por Morena, el PVEM y el PT; como la de la oposición integrada por el PAN, el PRI y MC. Una reforma aprobada sin el respaldo de todas las fuerzas políticas sería lamentable para nuestra democracia y podría generar más dudas que certezas.
En el marco de esta discusión, ayer tuve la oportunidad de dialogar con la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala. Fue una conversación amplia y productiva, en un momento clave en el que el poder revisor de la Constitución se prepara para analizar las reglas electorales. Durante ese encuentro expresé mi disposición de mantener abiertas las puertas de la Presidencia de la Cámara de Diputados y de fungir como un canal permanente de diálogo y colaboración.
Estamos en un momento donde se deben privilegiar los acuerdos. Esa convicción debe guiar cada paso de esta discusión.
Una reforma electoral solo si es para garantizar la democracia en nuestro país; hacer lo contrario sería un retroceso histórico. Esperemos que en el Congreso de la Unión estemos a la altura de nuestra gran responsabilidad histórica.
Presidenta de la Cámara de Diputados