En los últimos días, el debate público se ha reactivado en torno a una nueva propuesta de reforma político-electoral, presentada como “Plan B” tras la falta de consenso para modificar de fondo nuestro sistema democrático. Sin embargo, más allá de la etiqueta política, lo relevante es analizar con seriedad sus implicaciones reales.
Desde su planteamiento, esta propuesta parte de una premisa cuestionable: que es posible ajustar elementos clave del sistema electoral sin un acuerdo amplio entre fuerzas políticas. Como lo señalé en el primer punto de mi Decálogo, las reglas del juego democrático deben ser producto del consenso.
Lejos de generar ahorros o eficiencias, la reforma podría derivar en mayores costos. La propuesta de estandarizar entre 7 y 15 regidores en los ayuntamientos tendría un efecto paradójico: mientras solo 56 municipios reducirían sus cabildos, más de mil se verían obligados a incrementarlos. Esto no solo desvirtúa el argumento de la austeridad, sino que impone una carga presupuestal adicional a los gobiernos locales que hoy operan con lo mínimo.
A esta inconsistencia se suma una deficiencia técnica relevante: el transitorio planteado no resuelve el problema del mínimo de integrantes, dejando una zona de incertidumbre jurídica que podría derivar en conflictos de interpretación y aplicación; y en materia electoral, la ambigüedad es algo que no nos podemos permitir.
Más preocupante aún es lo que la propuesta no aborda. No se incorporan medidas para combatir de manera frontal la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, una de las principales amenazas a la democracia en el país. Tampoco se garantiza la equidad en el valor del voto ni se corrigen las distorsiones de la sobrerrepresentación que tanto lastiman la pluralidad.
A este conjunto de omisiones se suma una preocupación de fondo: la posible eliminación del principio de paridad constitucional. Como señalé públicamente hace unos días, eliminar este principio es un grave error que lastima la historia de las mujeres. La paridad no es una concesión; es un compromiso de Estado aprobado por unanimidad en 2019. Confío en que se trate de una imprecisión en la redacción y no de una regresión deliberada a un derecho conquistado.
Por otro lado, se insiste en mecanismos como la revocación de mandato sin corregir sus condiciones de inequidad. La experiencia reciente ha demostrado que, sin reglas claras, estos instrumentos pueden terminar debilitando el equilibrio democrático en lugar de fortalecerlo.
México necesita una reforma electoral, sí, pero una reforma de fondo, construida con diálogo, con responsabilidad y con visión de futuro. Una reforma que fortalezca a la ciudadanía, garantice condiciones justas de competencia y cierre espacios a la ilegalidad. Finalmente se trata de cuidar las reglas que sostienen nuestra democracia.