La presentación del Plan para Michoacán busca atender el problema de seguridad que ha desbordado a ese estado y que llegó a un punto de crisis con los asesinatos del alcalde Carlos Manzo y del líder limonero Bernardo Bravo.
Duele que hayan tenido que ocurrir tragedias y movilizaciones ciudadanas para que se atendiera una realidad que llevaba tiempo escalando.
Porque lo que ocurre en Michoacán no es un hecho aislado: es parte de un problema que se repite en distintas regiones. Y en seguridad, la respuesta no puede llegar después; debe adelantarse a la crisis.
La extorsión es un delito que crece, se repite y se extiende en muchas regiones del país. Las organizaciones criminales no respetan fronteras estatales y sus tentáculos despojan injustamente de sus derechos a la población. El incremento de las desapariciones es particularmente doloroso para muchas familias, y el empoderamiento criminal es una amenaza palpable a nuestras libertades.
El desafío abre la oportunidad de construir resultados tangibles. Hay que atender todas las causas. Es importante la intervención militar y policiaca, pero es fundamental que se acompañe de la voluntad de desarticular las células criminales y romper el pacto de impunidad que todavía prevalece entre el crimen organizado y ciertos ámbitos del poder. La prevención es necesaria, pero no sustituye la acción inmediata que demandan comunidades que viven bajo amenaza todos los días.
Es valioso desplegar operativos, pero el objetivo debe ser construir una presencia sostenida que permita reducir de manera sustancial los niveles de violencia. Fortalecer a los municipios y a sus policías es clave para garantizar comunidades más seguras y cerrar los espacios que hoy aprovechan los delincuentes.
La gente necesita sentir que el respaldo del Estado será permanente y no los dejará solos. El miedo es el arma con la que el crimen somete a la sociedad.
El Plan Michoacán debe ser acompañado por el Poder Legislativo. Lo planteado en el Plan debe convertirse en una hoja de ruta, nutrida con las opiniones de alcaldes, sectores productivos y sociedad civil. Además, la Cámara de Diputados puede aportar mecanismos de evaluación, seguimiento presupuestal y transparencia que aseguren que los compromisos realmente se cumplan.
Hay dos aspectos que de entrada deben revisarse. Primero: los recursos de programas sociales, por más cuantiosos que sean, nos han demostrado que son insuficientes para reducir la violencia ni para darle seguridad a las personas. Y segundo: la inversión mixta que se anuncia no se consolidará si los empleadores y productores no cuentan con seguridad para trabajar.
La paz se fortalece cuando la presencia federal se acompaña de instituciones sólidas, justicia efectiva y comunidades seguras. Por eso, más allá de la coyuntura, este plan debe representar un compromiso de Estado, verificado y evaluado, y un paso hacia un modelo nacional que devuelva tranquilidad a todo México.
Nuestro país debe resolver Michoacán y avanzar hacia un Plan Nacional para la Paz y la Justicia que permita articular esfuerzos, recursos y voluntades en una misma dirección. Hacerlo distinto, será una deuda histórica de esta generación de políticos.
Diputada federal. @kenialopezr