El cierre del último periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados fue intenso; jornadas largas, debates complejos y decisiones que marcarán el rumbo del país ocuparon el centro de la discusión legislativa. Cuando las Cámaras entran en receso, la actividad del Congreso no se detiene, la agenda legislativa no se congela; al contrario, entra en una etapa distinta, pero igual de relevante: la Comisión Permanente.
Durante el receso, la Comisión Permanente asume la responsabilidad de mantener viva la deliberación parlamentaria, sesiona cada semana, recibe iniciativas, analiza temas nacionales y permite que la representación popular siga activa los doce meses del año. Tal y como lo establece nuestro marco constitucional, es un espacio clave para preparar los debates que vendrán y para evitar que cualquier preocupación nacional quede fuera de la agenda.
Estas semanas no son tiempo muerto, son un espacio que nos permite preparar las reformas que nos ocuparán el próximo año. Las comisiones legislativas se abocan al estudio de las iniciativas que les fueron turnadas y afinan los temas que marcarán el siguiente periodo ordinario. Lo que viene no es menor, el próximo año traerá deliberaciones profundas que exigen seriedad, apertura y responsabilidad.
Entre las reformas a discusión, la reforma político-electoral ocupa un lugar central. El debate electoral debe atender temas que ya no pueden seguir esperando: fortalecer el voto libre y auténtico, la autonomía de las autoridades electorales, impedir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y asegurar una verdadera igualdad del voto, es decir, de modo que cada sufragio valga lo mismo en la conformación del Congreso. Históricamente, las últimas reformas electorales han servido para abrir el sistema, no para cerrarlo. Esa debe seguir siendo la ruta.
Estoy convencida de que este debate no puede resolverse en fast track ni a puerta cerrada. La Cámara de Diputados debe garantizar un análisis profundo y amplio, en el que participen la ciudadanía, las autoridades electorales, la academia, las organizaciones civiles y las fuerzas políticas. El parlamento abierto no puede ser un ejercicio vacío; escuchar implica reflexionar y, sobre todo, ajustar el resultado legislativo a lo que el pueblo nos mandata. Escuchar sin tomar en cuenta a la mayoría de las voces sería no sólo un error político, sino una traición a quienes confiaron en nosotros para representarlos.
Pero este no será el único debate. También están sobre la mesa la reducción de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, la propuesta de ajuste a la fecha de la revocación de mandato para hacerla concurrente con las elecciones intermedias, la reforma al sistema de justicia administrativa enviada por el Senado, y la legislación secundaria en materia de bienestar animal, que busca dar contenido real a una protección ya reconocida a nivel constitucional.
Todos estos temas exigen diálogo, no imposiciones. México necesita acuerdos amplios y visión de Estado. Si vamos a reformar, hagámoslo bien, porque las reglas democráticas no son de un gobierno ni de un partido: son de todas y todos los mexicanos. Cuidarlas hoy es la mejor forma de proteger el futuro.
Presidenta de la Cámara de Diputados