Con Morena, el sistema político mexicano ha tenido un retroceso. Las imágenes de esta semana en Palacio Nacional, donde el presidente y la secretaria de Gobernación quieren definir cuántos espacios tendrán los partidos en el Congreso mexicano, es la muestra fiel del autoritarismo de este gobierno. Fue como ver a Bartlett en los ochentas, lastimando al sistema electoral.
Expresamente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prohíbe que la Secretaría de Gobernación interfiera en asuntos de índole electoral. Lastimosamente, quien encabeza dicha instancia actuó como dirigente de partido y no como servidora pública.
En Palacio Nacional insisten en meter la mano en el actual proceso electoral. No les fue suficiente con hacer una campaña abierta a favor de su partido, no se saciaron con desviar recursos públicos, ahora, pretenden arrebatar en la mesa 85 diputaciones para llevárselas a Morena y sus aliados, lastimando así a la oposición, a la pluralidad y que dándose de manera ilegal con una mayoría calificada que los mexicanos no les dieron.
Sin duda, peligra la democracia y el Estado de derecho, ya que están destinando un número irreal de legisladores para el régimen, espacios que claramente no sacaron en las urnas. Según los cálculos presentados en la conferencia presidencial, el Partido Verde obtuvo el 8.9% de la votación nacional, muy por debajo del PAN que obtuvo el 18%, sin embargo, quieren hacerlos segunda fuerza en el Congreso mexicano al asignarles 75 diputaciones y al PAN sólo darle 68.
La sobrerrepresentación que pretende Morena en el Congreso mexicano es un fraude a la ley. Los datos que ha consignado el Instituto Nacional Electoral son claros: en la elección de diputaciones federales, Morena y sus aliados obtuvieron el 54.7% de la votación total. Eso debería significar, según el espíritu del legislador, que no tengan más del 62% de los espacios. Morena pretende obtener el 74% de las curules de la Cámara de Diputados, lo que claramente va en contra del voto ejercido en las urnas.
Quieren simular una mayoría que el electorado no les dio y con ello, hacer modificaciones legislativas que lastiman al pueblo de México. La reforma al Poder Judicial es el claro ejemplo del porqué quieren esta hipermayoría ficticia. Lo que ellos quieren es poner subordinados y destruir el sistema jurisdiccional para que los mexicanos no tengan acceso a la justicia. Lamentablemente, quienes más sufrirán las consecuencias de esta tóxica reforma serán los más pobres de este país.
La última palabra no la tiene Gobernación. La etapa que sigue es que el INE defina la asignación de diputados federales, para lo que esperamos que esa institución a la que México ha defendido y acompañado, tenga valentía y altura de miras.
La presidenta Guadalupe Taddei y las y los consejeros Arturo Castillo Loza, Norma Irene de la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona, Martín Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala Pérez, tienen en sus manos una responsabilidad histórica.
Senadora de la República